Por un error del subsecretario Nelson Cruz Santiago.

Un panel del Tribunal de Apelaciones ha devuelto al foro administrativo la controversia en torno al futuro de la expansión del vertedero de Carolina.

En días recientes, un panel de jueces de este foro desestimó un recurso presentado por Caribbean Golf Academy (CGA) que solicitaba dejar sin efecto un permiso del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) para que el Municipio de Carolina expandiera y continuara operando su vertedero. Sin embargo, Apelaciones desestimó el recurso de CGA por un error del DRNA.

En síntesis, Apelaciones concluyó, y el DRNA admitió, que el permiso de expandir y continuar operando el vertedero no es final y que el caso llegó al tribunal prematuramente. Por lo tanto, el tribunal decidió que no tiene jurisdicción para atender la controversia todavía.

Caribbean Golf Academy es una empresa creada para establecer una academia de golf en los predios de la Hacienda Campo Rico, en Carolina.

“La parte recurrente pretendió la revisión judicial de una determinación que no es final, ni producto de un procedimiento adjudicativo que pueda ser revisada por este Foro”, lee la sentencia donde se indica que el pleito debe regresar al DRNA para que emita “una notificación conforme a derecho” para que la parte recurrente, si desea, active los procedimientos adjudicativos.

EL 14 de agosto de 2025, un Oficial Examinador emitió un informe recomenando al DRNA aprobar el permiso para seguir operando el vertedero luego de que se celebrara una vista pública el 30 de junio del mismo año. Apoyaron la iniciativa el gobierno municipal, la entidad Ladfill Gas Technologies y un hombre identificado como Bernabé Andrade Rodríguez.

Según la sentencia, el subsecretario del DRNA, Nelson Cruz Santiago, emitió una Resolución y Notificación con que aprobó la renovación del permiso el 21 de agosto de 2025. CGA se opuso e, inconforme, solicitó reconsideración y luego elevó al caso al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa.

Según CGA, el DRNA erró al aprobar la renovación de la operación del vertedero al no tener bajo análisis una Declaración de Impacto Ambiental que tomara en cuenta la ubicación del vertedero y el impacto de la propuesta expansión.

“Nunca explícitamente divulgada (la expansión) y considerada por la recurrida, hacia terrenos cársicos y terrenos adquiridos y descritos a las agencias reguladoras como que servirían de zona de amortiguamiento entre el vertedero y terrenos al norte”, lee la sentencia.

No obstante, el 18 de noviembre el propio DRNA notificó al Tribunal de Apelaciones que la Resolución y Notificación que firmó el 21 de agosto Cruz Santiago “adolecía de un apercibimiento defectuoso” que, en resumen, significó que la parte afectada no tuvo la oportunidad de activar adecuadamente el procedimiento administrativo de impugnación del permiso.

“Ante la falta de una notificación válida, el término para acudir en revisión judicial no comenzó a transcurrir”, lee la Sentencia.

Esta controversia data del 2021. Ese año CGA demandó al Municipio de Carolina y los operadores de su sistema sanitario alegando que estaban usando el terreno de su vertedero ilegalmente y que habían invadido la propiedad del demandante. CGA sostiene desde ese que el vertedero hace mal uso de una “zona de amortiguamiento” que tiene el vertedero y en la que se supone que no depositen desperdicios, precisamente, para no afectar las operaciones de sus vecinos. La ciudad obtuvo ese terreno cuando hace 20 años realizó una expropiación forzosa de 35 cuerdas a Hacienda Campo Rico.

El ayuntamiento tiene el vertedero hace unos 50 años y CGA pide el cese del depósito de basura en el área de amortiguamiento, construir verjas que demarquen las zonas, retirarse de la casi una cuerda de su terreno que supuestamente le invadieron, la rehabilitación ambiental de la zona y compensación por $5 millones.

El presidente de la Caribbean Golf Academy, ingeniero Luis Ortiz Rivera, expresó que esta decisión junto a otra emitida el jueves contra el oficial examinador del caso del vertedero, Luis González Ortiz, son un reflejo de un proceso que no se ha seguido conforme a leyes y reglamentos.

“El proceso ha estado plagado de irregularidades. La investigación en el Senado reveló que el oficial examinador emitió un informe favorable a la renovación del permiso sin siquiera visitar la instalación y convenientemente se ha negado a comparecer a dar explicaciones en el proceso de investigación según trascendió públicamente”, declaró el ingeniero Ortiz Rivera.

Hizo referencia la decisión del juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, del pasado jueves, 26 de marzo que ordena al oficial examinador González Ortiz a comparecer el 6 de abril a una vista judicial luego de que el Senado solicitó se encontrara en desacato por no comparecer.