Justicia, sin embargo, la apoyó, junto al Centro Unido de Detallistas.

La asesora legal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carmen Guillén , no apoyó el Proyecto de la Cámara 914, para disponer que la primera multa que se le emita a un pequeño negocio solo conllevará exclusivamente un aviso de infracción y se le concederá un término de 30 días para corregir el señalamiento hecho por la agencia correspondiente.

En vista pública de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, presidida por el representante Sergio Estévez Vélez, la licenciada fue enfática en la necesidad de enmiendas al proyecto ya que, tal y como radicado, “podría colocar a las agencias en conflicto con mandatos federales y exponer al Estado a sanciones o a la pérdida de fondos”.

La pieza, del representante Joe Colón Rodríguez, enmienda a la Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio para facultar a las agencias que fiscalizan a estas empresas a modificar o condonar penalidades económicas en caso de infracciones subsiguientes, cuando las mismas sean corregidas en un periodo apropiado.

Guillén planteó, como ejemplo, la fiscalización que realiza la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) de los comercios autorizados a debitar fondos de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“Las multas que se imponen a los comercios que venden productos no autorizados y/o realizan transacciones fraudulentas no responden a un ejercicio discrecional de la agencia, sino a exigencias directas del Gobierno Federal impuestas mediante instrucciones específicas contenidas en el Bloque de Subvención mediante el cual se le otorgan fondos a Puerto Rico”, destacó.

Igualmente, enfatizó en la necesidad de que se establezcan distinciones entre las infracciones que serán objeto de un aviso y las violaciones sustantivas, puesto que aplicar una medida automática “podría incidir en debilitar los mecanismos de control interno de las agencias”, así como enviar un mensaje de tolerancia indebida frente a las  prácticas que el ordenamiento jurídico busca erradicar y sancionar de manera contundente.

Por otro lado, el Departamento de Hacienda (DH) emitió sus comentarios mediante una ponencia firmada por el secretario Ángel Pantoja Rodríguez, en la que no apoyó el proyecto tal y como está redactado, al exponer que las disposiciones del Código de Rentas Internas, así como la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y la política pública contributiva “fueron enmendadas para lograr el objetivo que promueve” el proyecto bajo estudio.

Sin embargo, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III, apoyó a través de un memorial explicativo la propuesta al indicar que “para los pequeños y medianos comercios, en todas sus categorías, el fortalecimiento de esta ley resulta vital en el esfuerzo de desarrollo económico”.

También recomendó enmiendas a la pieza para lograr que las agencias se conviertan en “facilitadoras del desarrollo económico, en un balance con su función reguladora”. Entre las sugerencias presentadas están que la primera violación -dentro de un término de un año- no conllevará sanción.

A pesar de la oposición de OGP y Hacienda, el Departamento de Justicia (DJ) expuso en ponencia que la iniciativa “no solo armoniza la necesidad de fiscalización con un enfoque justo y proporcional, sino que también representa un paso concreto hacia un entorno empresarial más colaborativo y accesible, en el que se privilegie la corrección de las faltas sobre la imposición inmediata de sanciones económicas”.