La primera demanda de la que se tenga conocimiento que busca impugnar la ‘Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas’, o quiebra criolla, quedó radicada el sábado en el Tribunal Federal casi tan pronto La Fortaleza anunció que el Gobernador había convertido la medida en ley.

Los demandantes son 23 manejadores de fondos que representan fondos de California, Nueva Jersey, Nueva York, Colorado, Pennsylvania, Georgia, Missouri, Oregon, Virginia, Alabama, Florida, Connecticut, Louisiana, Maryland, Carolina del Norte, Arizona, Minnesota, Michigan, Massachussetts, y Carolina del Norte. Los manejadores son principalmente de las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer. En total, los demandantes son poseedores de $1,700 millones en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El recurso presentado en el Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico solicita una sentencia declaratoria sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley conocida como la de ‘quiebra criolla’.

‘Bajo la Constitución (de Estados Unidos), el poder para aprobar una ley sobre la quiebra está depositado exclusivamente en el Congreso de los Estados Unidos. La Ley (aprobada) es, tanto en forma como en sustancia, una ley de quiebra promulgada por el Estado Libre Asociado. La Ley, por tanto, es enteramente inconstitucional’, argumentan los peticionarios.

En sus alegaciones, los demandados señalan que la AEE se acogería a la quiebra criolla de inmediato, tal y como han señalado también fuentes de NotiCel y que, incluso con el mero anuncio de la aprobación de la medida en la Legislatura, los bonos de la AEE han perdido entre 15 y 40 por ciento de su valor.

Añaden que, en la medida en que a las corporaciones públicas se les permite retener activos para continuar operando durante el proceso de reestructuración, se estaría permitiendo que el colateral de los bonos se use para seguir tomando prestado. También, que la activación del proceso de reestructuración representa una incautación inconstitucional de los activos de los bonistas, un menoscabo de contratos, y una delegación ilegal de poder a los tribunales de Puerto Rico ya que la ley pretende detener y evitar procesos legales contra las corporaciones públicas en el foro federal. Acogerse a la Ley de Quiebra federal detiene cualquier proceso en cualquier foro, pero los demandantes sostienen que la Ley pretende hacer que eso funcione al revés, paralizando procesos federales con la mera presentación de una solicitud de protección en el tribunal local.

Otro detalle que impugnan es que, según sostienen, la ley permite que un grupo pequeño de bonistas tome decisiones que obliguen a los demás bonistas, sin importar si hay consenso o no.

Los demandados son el ELA y la AEE.

Los abogados de los demandantes son, en Puerto Rico, Laura Domínguez Llerandi, y, en Nueva York, el bufete Kramer Levin Naftalis <><><><><><><><><><><> <> <> & Frankel./p

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