En medio de la discusión de un proyecto de ley para limitar el servicio de escoltas que brinda la Policía de Puerto Rico a exsuperintendentes, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes requirió toda la información relacionada a las escoltas que actualmente se brindan a la Junta de Control Fiscal así como a exgobernadores.

La misma deberá ser presentada a la Comisión de Seguridad Pública, dentro de los próximos cinco días laborables.

El representante José ‘Quiquito’Meléndez Ortiz anticipó que radicará legislación para prohibir que los miembros de la Policía sirvan a los componentes de ese ente federal, incluida su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix Lasalle Toro, planteó hoy, jueves, la necesidad de presentar legislación que reformule todo lo relacionado a las escoltas pues los recursos que se destinan a ese servicio deben ser dirigidos a reforzar las arcas de las agencias, en particular, la Policía.

‘Debemos regular por ley todo lo relacionado a las escoltas y los presupuestos que se destinan a ese servicio. Tenemos que garantizar que la Policía cuente con los mayores recursos. No es economizar… es brindarle los mejores herramientas a quienes se arriesgan por la protección de nuestras vidas y bienes’, declaró.

Las expresiones de Lasalle Toro se produjeron durante la evaluación de dos medidas que pretender restringir o eliminar las escoltas de los exsuperintendentes de la Policía. El Proyecto de la Cámara 691, de la autoría de Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago, deja sin efecto la obligación de la Policía de brindar seguridad y protección a un exsuperintendente y su familia.

Por entender que la presente situación fiscal amerita de acciones que reduzcan la carga a las arcas públicas, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda favorecieron dicha legislación.

La portavoz del Departamento de Hacienda favoreció la propuesta por considerar que es meritorio realizar ajustes en la utilización de los recursos y los gastos de la Uniformada, ante el déficit presupuestario que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico.

Por su parte, la asesora legal de la Policía, Estrella Mar Vega, destacó la pertinencia de anteponer los intereses del pueblo a argumentos de seguridad personal al momento de cesar funciones. La ponente recordó que para brindar el servicio de escoltas se incurre en una serie de gastos que incluyen vehículos, gasolina, peajes, seguros, dietas y horas extras; entre otros.

Ambas funcionarias se expresaron también en torno al Proyecto de la Cámara 396, del representante Meléndez Ortiz, que enmienda la ‘Ley de la Policía de Puerto Rico’, para reducir de cuatro a un año la responsabilidad que le corresponde a la Uniformada para proveer seguridad y protección a un exsuperintendente y a su familia.

Mientras, la representante de Hacienda avaló la pieza, Vega opinó que por las disposiciones de las medidas objeto de discusión ser parecidas se podría realizar un solo proyecto que establezca la eliminación de los servicios de seguridad y protección a los exsuperintendentes.

Ante el planteamiento, Lasalle Toro anticipó que una vez reciba la información requerida y los estimados de gastos por ese servicio a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se reunirá con los autores de los proyectos para auscultar la posibilidad de radicar un proyecto sustitutivo.