La anciana tiroteada por un guardia municipal en Guaynabo cuando perdió el control del vehículo en que viajaba, sometió una demanda en el Tribunal Federal por $7 millones contra el alcalde Hector O’Neill y los policías involucrados en el incidente.

La reclamación no solamente cubre los daños que sufrió la mujer en el tiroteo, sino que tambien incluye alegaciones de violación de derechos civiles, principalmente por el encubrimiento en que se ha enfrascado la Guardia Municipal para no tomar acción contra los oficiales.

La demandante es Catalina Reyes Rivera, de 83 años, y el incidente ocurrió el 16 de julio pasado a eso de la 1:00 pm en el centro comercial Plaza Guaynabo.

Reyes estaba estacionada en un espacio para impedidos frente a la tienda Allways 99. Salía con su Ford Explorer cuando no se percató de otra guagua mal estacionada en una isleta cercana. La mujer retrocedió hasta que impactó la otra guagua pero, por su ángulo de visión limitado, pensó que el impacto había sido a los árboles de la isleta, según el pliego.

Tras el impacto, coloca su guagua en marcha hacia adelante cuando el vehículo se acelera inadvertidamente. La guagua sigue su marcha fuera de control y es cuando el guardia Emmanuel Ortiz, quien estaba en el área en bicicleta con el oficial Eliu García Hernández, se coloca frente a la guagua, le ordena que se detenga y, cuando el vehículo no se detuvo, comenzó a realizarle disparos directamente a Reyes. La demanda alega que Ortiz siguió disparando a distancia cercana por el lado del chofer de la guagua, cuando el vehículo le pasó por el lado.

Cuando Reyes finalmente pudo detenerse, y ya herida por los vidrios, enfrentó una orden de los guardias para que se saliera del vehículo y se arrodillara en el piso. Según la alegación, los guardias desoyeron los reclamos de la mujer de que era una anciana con prótesis en su rodilla, y que no estaba armada.

Además de los daños sufridos en ese episodio, la demanda relata los manejos que le ha dado la guardia municipal de Guaynabo a la investigación interna, empezando porque los oficiales no fueron interrogados el mismo día del incidente por los investigadores.

La demanda indica que, apenas un mes antes del incidente con Reyes, Ortiz había sido rearmado sin corroboración psicológica sobre si estaba capacitado para volver a manejar un arma.

Además, consigna que todavía a Reyes no se le ha entrevistado para la investigación interna, a pesar de que su abogado ha ofrecido alternativas de fecha.

A Ortiz se le radicaron cargos criminales pero no se encontró causa para procesarlo.