Pese a que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) era una de las corporaciones que el empresario Anaudi Hernández Perez había incluido en su lista de posibles presas en el Gobierno para agenciarse contratos, al parecer, nunca llegó a atacar.

‘Ni lo conozco (a Anaudi) ni nunca fue a visitarme ni se le dio cita. Sé quién es porque lo he visto en el periódico’, afirmó el secretario del DTOP, Miguel Torres Díaz, durante la inauguración del CESCO Urbano en Santurce el lunes.

Sin embargo, el nombre de una figura que ha provocado un clima de controversiaen el seno del DTOPsí fue mencionada durante el juicio que se celebra en el Tribunal Federal contra cuatro supuestos cómplices del insistente empresario y exrecaudadordel Partido Popular Democrático (PPD).

Se trata del también recaudador de la Pava, Juan ‘Johnny’ Crespo Rivera, cuyo hijo Agustín Crespo Ramos es uno de los propietarios de la empresa Educon Management Corp, la cual alberga el controvertido Centro de Ayuda y Servicios al Conductor (CESCO) de Carolina.

Fue en enero del 2015 que emergió a la luz pública que el secretario Torres Díaz había otorgado un contrato de arrenadmiento por $4.1 millones a la empresa de recaudadores del partido, lo cual inmediante sonó la alarma por posible conflicto de intereses. El conflicto empeoró para el secretario cuando se supo que había asistido a una fiesta navideña en la residencia de Crespo Ramos.

Torres Díaz se ha mantenido firme en que firmó el contrato al mejor postor. En un aparte con NotiCel durante una actividad oficial celebrada en la mañana del lunes, indicó que el contrato con la empresa Educon está vigente hoy día, al igual que – cree – que Johnny Crespo sigue encargado del edificio del CESCO en Fajardo, ‘un contrato de muchos años que precede mi gestión’.

El contrato con la familia de recaudadores del PPD no es el único que ha generado críticas para Torres Díaz en su gestión como líder de la agencia.

En agosto pasado, el Tribunal de Primera Instancia declaró nulo un contrato de arrendamiento firmado por el DTOP con la empresa Del Mar Investment para que se hiciera cargo del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Caguas.

La sentencia del Tribunal respondía a una demanda hecha por la empresa Downtown Development Corp, la cual albergaba las instalaciones en Caguas y a la cual se le canceló el contrato antes de su cumplimiento.

En la determinación del juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Caguas, se desmiente la versión dada por el DTOP para defender la otorgación del contrato a Del Mar Investment. Según el documento judicial, no existía un motivo de reducción de gastos, puesto que la empresa demandante había presentado una propuesta a esos efectos.

A su vez, el contrato con Del Mar Investmentcarecía de la aprobación final de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), según establecido por ley. Al parecer, el DTOP no le notificó a la Oficina que el arrendador existente había sometido una propuesta de renegociación.

‘De la OGP haber descargado sus funciones se hubiera percatado que el segundo contrato de arrendamiento (Del Mar) presentaba unos términos más onerosos que da al traste con las medidas de austeridad… y que había un ofrecimiento de un arrendador existente (Downtown) que ofrecía renegociar los términos del contrato y que contaba con el espacio adicional para la consolidación’, lee la sentencia del juez Cuevas Ramos.

Abordado con el tema por este medio, el secretario Torres Díaz defendió el contrato otorgado a Del Mar Investment e informó que la división legal del DTOP ya está preparando su apelación a la sentencia del juez.

‘Es bien importante que nosotros continuamos afirmando que la facilidad se contrató correctamente, [así que se está] evaluando la parte legal de cómo se va a apelar. No te puedo dar específicos, lo está manejando la división legal, pero sí te puedo decir que nosotros tenemos la intención de que esa facilidad siga dándole servicios al conductor’, respondió el funcionario.