Refutó en declaraciones a NotiCel las alegaciones de la firma auditora de salud, calificándolas de “vagas, llenas de supuestos, carentes de fundamentos y fuera de los más mínimos estándares de auditoría médica”.

El presidente de Physician Correctional, el doctor Raúl Villalobos, desmintió las imputaciones presentadas por la firma de auditoría UTICorp durante la reciente vista pública convocada por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, presidida por el senador José Vargas Vidot.

Hoy el legislador celebrará otra audiencia pública sobre la excarcelación del convicto asesino Hermes Ávila, con el testimonio de la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar.

Representantes de UTICorp, la empresa responsable de la auditoria a los servicios clínicos que presta Physician Correctional al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), dijeron durante la vista haberle recomendado a la agencia, en cuatro ocasiones distintas, que colocara al contratista (Physician Correctional) bajo un plan de acción correctiva.

Sin embargo Villalobos refutó categóricamente, aunque reconoció que no las ha visto en papel, las alegaciones de UTICorp, calificándolas de “vagas, llenas de supuestos, carentes de fundamentos y fuera de los más mínimos estándares de auditoria médica”, y también dijo haber dado instrucciones a sus abogados para someter una demanda por difamación en carácter profesional y personal, en declaraciones exclusivas para NotiCel.

Al mismo tiempo, estimó que cada expediente médico evaluado por UTICorp le costó al gobierno sobre $10,000 y reveló que la gran mayoría de los expedientes le correspondían a la compañía que ofreció servicios hasta 2018, Correctional Health Services, presidida por Manuel Quilichini.

Durante la vista, los representantes de UTICorp, Sylvette Rivera, presidenta de la firma de auditoría, y su asesor legal, Jorge E. Galva Rodríguez, presentaron los hallazgos de una auditoría realizada a los servicios clínicos que Physician Correctional presta al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Según su evaluación, encontraron «deficiencias materiales» en el manejo de los expedientes médicos y la implementación de la Ley 25, que regula los pases extendidos para confinados con condiciones médicas graves.

“Primero, tiene que quedar meridianamente claro, que ningún representante de UTICorp, ni del DCR me ha entregado un informe de las mencionadas auditorías para nosotros aclarar, aceptar y establecer un plan de acciones correctivas, que es la metodología básica de cualquier proceso de auditoría serio”, expresó Villalobos a NotiCel.

«Ante esto, solicitó que en menos de 24 horas, la presidenta, someta evidencia de dicha acción y lo ponga bajo juramento», dijo el galeno quien proveyó una declaración jurada con la que iniciará el proceso legal por difamación.

La salida a la libre comunidad del convicto feminicida Hermes Ávila Vázquez bajo la Ley 25, fue el elemento que destapó la controversia. No se sabe cuantos más salieron bajo las mismas circunstancias. .

Galva afirmó en estas que, según la auditoría, Ávila no cumplía con los requisitos para acogerse a esta ley, que permite la liberación temporal de confinados con VIH o enfermedades terminales.

Sin embargo, reconoció que UTICorp no tuvo acceso al expediente médico de Ávila Vázquez, lo que, según Villalobos, es contradictorio y genera críticas sobre la validez de su afirmación.

Villalobos aclaró que la salida de Ávila fue autorizada conforme a un marco normativo más amplio, que incluye la Ley 25 de 1992, la Ley 377 de 2004, la Ley 2 de 2011, y varios reglamentos que también permiten pases extendidos por condiciones deformantes o incapacidad severa.

“El médico evaluador realiza un análisis exhaustivo y lo refiere a un panel médico para que pase juicio sobre las conclusiones. Luego, se remite a la administración de Corrección para que proceda según lo establece la ley”, comentó Villalobos.

Las leyes aplicables a la concesión de pase extendido por condición de salud establecen que es exclusivamente el DCR quien está autorizado a conceder este beneficio a aquellos confinados que lo soliciten.

A pesar de esto, Galva insistió en concluir que, si Physician Correctional hubiera hecho las cosas de manera adecuada, Ávila Vázquez no hubiese sido elegible para salir bajo la Ley 25.

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Según la propia ley, la evaluación médica es el paso inicial en la evaluación de un confinado que solicita el pase extendido, sin embargo, el proceso evaluativo del DCR incluye entrevistas en la comunidad, entrevista a la familia del confinado y las víctimas del crimen del que fue convicto, completar un informe de la investigación de peligrosidad, y la preparación del Informe de Ajuste y Progreso, entre otros.

Villalobos también cuestionó la autoridad de UTICorp para emitir opiniones sin haber evaluado el expediente de Ávila ni consultado al panel médico que tomó la decisión.

“Este es el único país donde dos médicos sin licencia para ejercer, y sin siquiera haber evaluado al paciente, se atreven a cuestionar a 52 médicos especialistas debidamente certificados”, añadió el médico, refiriéndose a que tanto a la Dra. Rivera como al senador Vargas Vidot, no están admitidos en la práctica médica en Puerto Rico.

Otro de los puntos señalados por UTICorp fue la supuesta recomendación de implementar un Plan de Acción Correctiva (CAP) para corregir las deficiencias encontradas en los servicios de salud prestados por Physician Correctional. Rivera afirmó que, en varias ocasiones, sugirieron tanto al DCR como a Physician Correctional la implementación de un CAP para mejorar la documentación de los expedientes médicos y otros procedimientos.

Villalobos también refutó esta afirmación, asegurando por insistencia de su empresa, el 19 de septiembre lograron recibir copia de un informe fechado para marzo de 2024.

«Nunca se nos había solicitado reaccionar a la auditoría, nunca se nos había presentado un informe con los hallazgos, y mucho menos se nos ha solicitado someter un plan de acción correctivo. Todo lo que están planteando son puras mentiras», sostuvo el galeno.

Durante la vista, UTICorp también alegó que Physician Correctional había incumplido con sus obligaciones contractuales con el DCR. Villalobos desmintió esta acusación, afirmando que la evaluación de UTICorp no tiene competencia para determinar si se han violado cláusulas contractuales. «No es la responsabilidad de UTICorp hacer ese tipo de evaluaciones, y la propia Secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, ha dicho que no se han encontrado violaciones al contrato», sostuvo Villalobos.

Uno de los principales señalamientos de UTICorp fue la existencia de unas supuestas deficiencias en los expedientes médicos de los confinados, a lo que Villalobos reaccionó y dijo “mira si estaban trabajado esto a la ligera, y torpe que los expedientes evaluados corresponden, en su gran mayoría, a la compañía que ofrecía los servicios de salud previo a la llegada de Physician Correctional al sistema correccional”.

Villalobos también cuestionó la metodología de la auditoría, destacando que UTICorp solo revisó 30 expedientes de un total de 7,300, lo que representa menos del 0.5%.

«Es estadísticamente insuficiente para generar conclusiones incuestionables sobre el desempeño general de nuestra empresa», concluyó Villalobos.

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Vea documento: Declaración Jurada del doctor Raúl Villalobos validando su postura.