“El alcance de estas medidas incluye beneficios de pensiones, créditos y beneficios de impuestos y otros que fueron aprobados ignorando claramente su costo estimado. Muchas medidas hasta fueron aprobadas sin una evaluación sobre su potencial impacto”, dijo Mujica.

Luego de dos cuatrienios interactuando con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los dirigentes de la Legislatura parecerían no entender o aceptar el concepto de la responsabilidad fiscal y así lo adjudica la Junta y se demuestra en una carta del ente fiscal.

En la misiva con fecha de ayer y firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica le señala a los líderes legislativo cómo ocho medidas aprobadas violan el concepto de neutralidad fiscal y fracasan en determinar fuente de repago. En los últimos días de sesión, ambos cuerpos legislativos aprobaron múltiples medidas para otorgar créditos y exenciones a pocos meses de las elecciones generales.

“(La Legislatura) pasó un número considerable de otras medidas que podrían tener un impacto significativo en los gastos del gobierno, en la finalidad de balancear el presupuesto y, finalmente, garantizar la ruta de Puerto Rico hacia la recuperación financiera”, indicó Mujica. “El alcance de estas medidas incluye beneficios de pensiones, créditos y beneficios de impuestos y otros fueron aprobados ignorando claramente su costo estimado. Muchas medidas hasta fueron aprobadas sin una evaluación sobre su potencial impacto”.

“Este patrón de gastos fuera del proceso de presupuesto devuelve a Puerto Rico a los patrones de gastos que desembocaron en la bancarrota y la aprobación de PROMESA. La Junta de Supervisión está preocupada de que el proceso formal actual para desarrollar el presupuesto del gobierno y otros está roto y le falta un procedimiento disciplinario que permita la responsabilidad fiscal”, insistió.

Por lo tanto, Mujica indicó que la Junta se reserva el derecho tomar las decisiones que entiendan para combatir los proyectos a continuación.

La JSF calcula que el impacto fiscal de las medidas que considera problemáticas podría alcanzar $852 millones en el año fiscal que comienza el 1 de julio y al menos $6,000 millones durante los próximos 20 años.

Al tope de las medidas objetadas por la JSF figura el reto de la Legislatura al veto que impartiera el gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto del Senado 644 que supuestamente limita el poder de fiscalización de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) y tendría un impacto fiscal de $300 millones.

Según la JSF, el proyecto es inconsistente con el plan fiscal de COSSEC y el del gobierno central y viola la Ley PROMESA.

“La JSF tiene preocupaciones serias sobre el PS644 y su inconsistencia con los planes fiscales…”, indicó Mujica. “El gobierno tendrá que identificar una fuente de fondos para este gasto…”.

Mujica le da un plazo hasta las 5:00 p.m. de hoy al gobernador, al secretario de Hacienda y a COSSEC a que pongan por escrito que estén claros de que no se puede transferir dinero a las cooperativas sin la aprobación de la JSF.

La Junta también objeta el Proyecto de la Cámara 2038, que aumenta las pensiones de los empleados públicos por hasta 10% comenzando el 1 de julio. La medida también crearía el ajuste anual de costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

“La Legislatura no ha explicado cómo el gobierno va a pagar estos aumentos en pensiones”, indicó Mujica al recitar todas las violaciones del proyecto.

La Junta calcula que el impacto fiscal de la medida en el próximo año fiscal sería de $217.5 millones y de $1,600 millones en los próximos cinco años.

El Proyecto de la Cámara 1747 también está en la mira de la Junta. La medida le otorga una exención contributiva sobre la pensión de los veteranos que vivan a Puerto Rico. El proyecto reemplazaría una exención de hasta $15,000 para veteranos con más de 60 años y de $11,000 para veteranos bajo esa edad.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa calcula el impacto anual en $10.1 millones y la Junta indicó que el gobierno no ha explicado cómo pagaría por las exenciones.

El Proyecto del Senado 1308 también tiene problemas, según la Junta. La pieza legislativa enmienda la Ley de Retiro para incluir a los alguaciles dentro del grupo de trabajadores de alto riesgo.

El proyecto tiene un impacto de $4.5 millones y la Junta señala que no se ha identificado su fuente de repago.

Está en problemas, igualmente, el Proyecto del Senado 1453, que propone aumentar de $400 a $500 el crédito para pensiones bajo $15,000 que reciban retirados 65 años o más. Si la pensión es menor de $4,800 anuales, el crédito aumentaría de $300 a $400.

“Apoyar a los puertorriqueños de mayor edad que tienen bajas pensiones tiene mérito, pero la Legislatura no ha incluido los aumentos en estos créditos en el presupuesto y ha fallado en explicar cómo el gobierno lo va a pagar”, dijo Mujica.

El impacto fiscal de la medida se calcula en hasta $24 millones para el próximo año fiscal y $118 millones en los próximos cinco años.

El Proyecto de la Cámara 1915 también enfrentaría la pared de la JSF. Esta pieza legislativa eximiría a ciertos negocios de presentar un certificado de cumplimiento para obtener beneficios al amparo del Código de Incentivos.

La medida tendría un impacto de $61 millones en el próximo año fiscal y de $324 millones en cinco años.

El ente fiscal también objeta el Proyecto de la Cámara 2071 que, entre otras cosas, le garantizaría a los bomberos una pensión de al menos el 50% de su salario.