La defensa de la representante y su madre impugnaron la imparcialidad como perito del exsecretario de Hacienda y lo llevaron a admitir que las deficiencias contributivas del caso se podían resolver administrativamente, en vez de producir un caso criminal.

La defensa de la representante Mariana Andrea Nogales Molinelli y de la corporación Ocean Front Villas, Corp. atacaron la credibilidad e imparcialidad del testigo perito nuevo que presentó la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en su segundo intento de procesar criminalmente a la representante: el excontralor y exsecretario de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña.

Los fiscales tendrán un turno de rehabilitación de su testigo cuando la vista reanude el 6 de noviembre pero en la sesión del martes, los abogados Frank Torres Viada y José Andréu Fuentes, lograron plantear en el récord varias afirmaciones de parte del testigo que dejan en duda su participación en el caso.

Al corazón de las denuncias de la OPFEI, que ya fueron mayormente declaradas sin fundamento durante una primera vista de causa para arresto en mayo pasado, están transacciones que ocurrieron alrededor de propiedades en Palmas del Mar que aparecen a nombre de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), pero que su madre administraba comercialmente ofreciéndolas en alquiler.

Según la OPFEI, las planillas de la representante, de su madre, Rita Molinelli Freytes, y de la tercera imputada, la corporación Ocean Front Villas, Corp., no reflejan apropiadamente los ingresos y transacciones financieras que tienen que ver con el mercadeo de las propiedades, por lo que se presentaron denuncias por falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados, perjurio y violaciones al Código de Rentas Internas. En la primera vista de causa para arresto, solo sobrevivieron dos de los 51 cargos presentados. Los dos cargos en los que se halló causa para arresto son contra Nogales Molinelli y por la misma conducta de mentir en sus informes financieros por la que la Cámara de Representantes ya había decidido que no era causa para expulsión.

En la vista de Regla 6 en alzada, los fiscales especiales independientes, en un segundo turno para conseguir causa para arresto por todos los cargos, decidieron apostar por el testimonio como perito de Díaz Saldaña, quien aseveró a la fiscal Zulma Fuster Troche que las planillas de las imputadas eran “falsas y fraudulentas”. Esto, porque el pago de gastos como derramas, agua, luz, seguridad, seguros e impuestos sobre la propiedad, parece haber sido cubierto por la corporación sin que se reflejen como un ingreso de Nogales Molinelli porque representan pagos que debió haber hecho como dueña de las propiedades.

Ya en la primera vista, la OPFEI había presentado su análisis de las planillas por el auditor de Hacienda, Josian Serrano Dávila, y la defensa lo contrarrestó con Ángel Marzán Santiago, exsecretario auxiliar de Hacienda. Marzán Santiago figura otra vez como testigo de defensa y está en la sala del juez Rafael Taboas Dávila observando el testimonio de Díaz Saldaña.

En su contrainterrogatorio, el licenciado Torres Viada, abogado de la corporación, enfocó en que, desde 2017, Díaz Saldaña ha tenido contratos con el Departamento de Hacienda que suman $980,000 y que el del año en curso es por $180,000, lo que no lo haría un perito imparcial. El testigo le admitió que su comparecencia en el caso la está facturando bajo su contrato, que dicho contrato no dice explícitamente que pueda comparecer como perito en nombre de la agencia, que intervino en el caso por solicitud directa del secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, que no participó de la investigación sino que solo revisó documentos que resultaron de la misma, y que las reglas éticas de los contadores públicos autorizados, tanto en Estados Unidos como en la isla, prohíben que los contadores comparezcan como peritos a favor de sus clientes.

Además, admitió que no sabe cuánto dinero generado por los alquileres es ingreso atribuible a la dueña y cuánto es comisión para el que mercadea las propiedades, que los ingresos por alquiler de propiedades están exentos de contribuciones por legislación y que, si el ingreso se hubiera reportado en las secciones correctas de las planillas, no habría caso criminal. La OPFEI radicó las denuncias originales el 3 de mayo pasado y Díaz Saldaña se integró al equipo del caso el 10 de mayo.

En una de las confrontaciones entre abogado de defensa y fiscales, el fiscal Ramón Mendoza planteó en alta voz que se oponía a que la imparcialidad del testigo fuera atacada meramente con la “sumita” de los contratos que ha tenido desde 2017.

Pero después de Torres Viada, comenzó su contrainterrogatorio Andréu Fuentes para taladrar más sobre los puntos que levantó el abogado de Molinelli Freytes. En este turno, Díaz Saldaña admitió que como secretario de Hacienda aceptó enmiendas en planillas para corregir errores, que es la primera vez que comparece como perito bajo uno de sus contratos públicos y que en otros dos periodos contributivos, que no están incluidos en el caso, a Molinelli Freytes se le permitió atender señalamientos de manera administrativa, sin convertirlo en un caso criminal como el actual.

Andréu Fuentes recaló sobre la violación ética que sería el que compareciera como perito en defensa de Hacienda, quien también es su cliente, a lo que el testigo expresó que “eso necesita una explicación”.

Sin embargo, cualquier explicación quedó pendiente para cuando la fiscal Fuster Troche pueda volver a hacerle preguntas en la reanudación de la vista el 6 de noviembre. Antes de la fiscal, tienen que extinguir turnos de interrogatorio Andréu Fuentes y Ricardo Prieto, abogado de la madre de la representante.

Vea:

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