La postura del DSP la expuso la asesora legal del Departamento, Estrella Mar Vega Soto, que argumentó que la medida “incide en la organización estructurada del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) se opuso a una legislación cameral que propone transferir a los municipios la responsabilidad de proveer servicios de seguridad, protección e investigación dispuestos por la Ley que creó dicha agencia.

La postura del DSP la expuso la asesora legal del Departamento, Estrella Mar Vega Soto, que argumentó que la medida “incide en la organización estructurada del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), por cuanto sus continuos esfuerzos se fragmentarían, entre el hecho que los Municipios que pacten retengan el ámbito operacional, mientras que le Negociado se haga cargo solamente de la faceta criminal”.

En la ponencia firmada por el secretario, Alexis Torres Ríos, se indicó además que bajo los propios postulados de la Ley que crea el DSP “podemos hacer Acuerdos Colaborativos con los municipios para reforzar la prestación de servicios de seguridad, a través del Negociado de la Policía de Puerto Rico y los Cuerpos de las Policías Municipales”.

Dicha práctica de colaboración con los mismos, agrega el escrito, “es piedra angular de los planes operacionales. Y continuaremos laborando mano a mano con los mismos, así como con las autoridades federales y otras agencias estatales, en pos de cumplir con la responsabilidad de proteger la vida y la propiedad del colectivo”

Durante su presentación Vega Soto indicó que la enmienda que sugiere la medida sobre la creación de convenios ya es atendida por la actual Reforma policial. “Relacionado a la enmienda que tiene como fin autorizar a que los Municipios pacten que policías estatales pasen a formar parte de estos, con exclusión de la faceta investigativa, debemos indicar que el Negociado de la Policía cuenta con un andamiaje operacional para prevenir y combatir la criminalidad. Y, ese componente labora de manera coordinada”, señaló.

Argumentó que sería contraproducente para el ámbito de la seguridad del País, dividir la faceta operacional y de investigación criminal como pretende esta medida. Rechazó que en sus disposiciones el P de la C 1715 “establece que los Municipios que así interesen, pacten con el NPPR/DSP, que el capital humano que labora en la faceta operacional, pueda ser traspasado a los mismos, mientras que los policías que se desempeñen en el ámbito criminal, sigan adscritos a nivel central al NPPR, para que continúen haciendo trabajo de investigación criminal”.

Agregó en su oposición que lo que propone la legislación trastoca la facultad del Comisionado del NPPR de poder ubicar a los policías por necesidad de servicio en la Superintendencia. “El Negociado se enfrenta a desafíos constantes, razón por la cual, los planes estratégicos que se desarrollan deben ser enmendados a diario, con el fin de atacar la incidencia criminal de determinados sectores, por horas y temporadas. Esto incluye el requerimientos y consecuente distribución de los recursos humanos policíacos, para poder mantener el orden social y cumplir con la misión del NPPR”.

Reservas con la propuesta fueron igualmente planteadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que advirtieron que el proyecto carece de un estudio de viabilidad fiscal, por lo que recomendaron realizar el mismo con el objetivo de conocer su impacto en el presupuesto de los municipios y del DSP.

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico, presidida por el alcalde Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, endosó sin embargo, la medida “por entender que redundaría en grandes beneficios en cuanto a la política pública municipal sin comprometer los presupuestos municipales”.