Es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por integrantes del Centro para una Nueva Economía, entre otras prestigiosas entidades

Puerto Rico necesita un marco legal y reglamentario robusto que le permita manejar los efectos adversos que la propagación de los alquileres a corto plazo están provocando sobre comunidades en el país y, sobre todo, en la disponibilidad de vivienda asequible para los puertorriqueños.

Tal es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por integrantes del Centro para una Nueva Economía, la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Boston.

El estudio concluye además que el mercado de los Alquileres a Corto Plazo (ACP) está cada vez más concentrado, profesionalizado y comercializado, con anfitriones que tienen múltiples espacios registrados para este tipo de alquiler y quienes acumulan una cantidad desproporcional de propiedades e ingresos.

Esto, indican, “contrasta con la idea de que los ACP podrían ser una fuente de oportunidades económicas para los dueños de hogares en necesidad, ya que los datos demuestran que los más beneficiados son aquellos anfitriones con portafolios que incluyen varias propiedades”.

Señalan, por otro lado, que estos alquileres, afectan sustancialmente la asequibilidad de la vivienda, lo cual puede llevar a la gentrificación, ya que cubren una cantidad considerable de las unidades totales de vivienda y, en mayor proporción, las unidades de alquiler a largo plazo en muchos municipios costeros.

Sostienen que un incremento de 10% en la densidad de los ACP como proporción del total de las unidades de vivienda causa un aumento promedio de 7% en la mediana de alquiler, de 23% en el precio unitarios de vivienda y de apenas 0.1% en el volumen de venta de viviendas.

“Nuestros hallazgos muestran que, para atender los efectos de los ACP en la asequibilidad de vivienda, Puerto Rico necesita un marco reglamentario robusto que debe ir más allá de lo que se está implantando actualmente”, indican.

El trabajo análiza las estadísticas entre 2014 y 2020 y señalan que durante ese periodo el total de unidades o instalaciones de ACP en Puerto Rico superó las 30,000. La mayoría de estas, cerca de 25,000, el 82%, estaban registradas bajo Airbnb, mientras que unas 4,800 (16%) estaban HomeAway (ahora Vrbo); y el restante 2% en varias otras plataformas.

Estimaron además que el 83% de los espacios disponibles eran casas y apartamentos enteros y el resto eran cuartos privados,

Un dato que resaltan es que Airbnb, tenía cerca de 12,000 anfitriones con dos o más propiedades listadas para renta.

“Esta amplia proporción de residencias enteras listadas en estas plataformas indican que hay una cantidad significativa de unidades de vivienda que están fuera del mercado tradicional de vivienda, y por tanto no están disponibles para los clientes de rentas a largo plazo”, expresan.

Respecto a la distribución del ingreso que generan estos alquileres, sostienen que la data demuestra que, aunque los anfitriones con una sola propiedad representan el 61% de ese mercado, el 79% de los más de $700 milllones acumulados durante el periodo bajo estudio fueron a manos de aquellos que operan múltiples propiedades.

Como parte de su evaluación de los datos concluyen, mientras tanto, que el porcentaje de unidades destinadas para ACP como proporción del total de unidades en un determinado lugar se convierte en un indicador clave de cómo estas rentas afectan la disponibilidad de viviendas.

En esa dirección indican que la mayor proporción está en las zonas costeras de Puerto Rico, con Vieques alcanzando un 15% y Culebra un 30%. Los municipios de San Juan, Carolina, Fajardo, Guánica, Lajas, y Fajardo, estas propiedades fluctúan entre un 3.7% al 10.1%, del total de viviendas, mientras que en Dorado, Loíza, Luquillo, Río Grande, Fajardo, Humacao, y Cabo Rojo esta proporción alcanza entre 10.1% y 35.5%.

La Regulación a Nivel Mundial

Esta problemática no es única de Puerto Rico ya que en otros países en distintas partes del mundo están adoptando medidas para regularlo y controlarlo.

Aquí, recuerdan, la única regulación a nivel de país es la de la Compañía de Turismo (CTPR), que requiere que los propietarios de estas unidades paguen un 7% por impuesto diario de habitación. Estos están además supuestos a registrarse en la CTPR o están en violación de la legislación vigente.

Además de esto señalan que hay regulaciones para este tipo de alquiler solo en los municipios de Dorado y San Juan.

Las regulaciones adoptadas en el resto del mundo incluyen sistemas de licencia y registro para estos propietarios; limites en el total de unidades que pueden operar; restricciones en el número de huéspedes que pueden recibir; regulaciones en el tipo de acomodo que se ofrece; y limitaciones en el número de noches y días en que se pueden arrendar, entre otras.

Todas estas medidas están acompañadas con la elaboración de listados oficiales de arrendadores, medidas punitivas para quienes no cumplan, y distintos tipos de impuestos sobre el ingreso generado.

“Esta evidencia demuestra la necesidad de un marco robusto regulatorio que mejore significativamente las medidas laxas implantadas en Puerto Rico…La experiencia en otros países evidencia que Puerto Rico debe desarrollar pronto la capacidad para implementar una infraestructura tecnológica que permita mantener y monitorear un inventario confiable de propiedades, e implantar un sistema de registro y de licenciamiento para los anfitriones o propietarios de los ACP”, concluyen.

Participaron en el desarrollo de este estudio Raúl Santiago Bartolomei, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR; Deepak Lamba Nieves, director de investigación del Centro para una Nueva Economía; Enrique A. Figueora Grillasca, asistente de investigación, Universidad de Boston; e Ysatis A. Santiago Venegas, asistente de investigación, también de la Escuela Graduada de Planificación.

Para ver el estudio de CNE, pulse aquí.

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