Así lo estableció el Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia de la UPR, que también señaló que no se están atendiendo “a los más vulnerables”.

El Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó un tétrico panorama de lo que ha sido el manejo de los fondos federales en la Isla.

Para la directora de Operaciones de la entidad, Adi Martínez Román, “los números no mienten”, tras lo cual se lanzó a demostrar que el proceso de reconstrucción está “sumamente lento, no ha llegado a los más vulnerables ni se ha promovido la resiliencia ante nuevos desastres”.

De entrada, expuso que el gobierno federal “ha asignado más de $80,000 millones para los proceso de recuperación y reconstrucción, lo que representa casi el triple del presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico y más de seis veces su Fondo General”.

Abundó que “para finales de agosto de este año, solamente el 19% de los fondos de obras permanentes del programa de Asistencia Pública de FEMA han sido utilizados y apenas el 13% de las obras de “Hazard Mitigation” de FEMA han sido completadas, Además, únicamente el 11% de los fondos de reconstrucción de CDBG-DR por los huracanes de 2017 (Irma y María) han sido desembolsados.

Incluso, dejó establecido que los fondos de reconstrucción de CDBG-DR por los terremotos del 2019 se han utilizado el 0%.

También, dio a conocer un estudio realizado por la organización Sembrando Sentido, que reflejó que, en la contratación de los fondos CDBG-DR al mes de junio de 2021, 28 de los 93 contratos firmados (30%) fueron con compañías foráneas y esas 28 empresas acumulaban el 63.2% de los fondos contratados.

“No solamente la recuperación va a paso lento y las obras de infraestructura y mitigación no han sido realizadas, sino que tampoco se está alimentando efectivamente a la economía local ni aumentado la capacidad de entidades locales ante futuros desastres”, acotó Martínez Román.

Consignó que “al contratista local solo le queda $5,000, aunque la FEMA establece que se le debe dar prioridad a los negocios locales. Además, están los requisitos (como reembolsos), que han sido obstáculo. Hemos estado negociando en ese tema y creemos que podemos lograr más, si nos unimos. La idea es que las corporaciones no absorban todo el capital, ya que se ha creado una economía de la reconstrucción. Estas empresas acaparan todo el capital”.

Las expresiones de la portavoz del Centro de la UPR se dieron ayer durante una audiencia pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que evalúa el proyecto 1230, para establecer la “Ley de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos Federales”.