Durante el juicio por posesión ilegal de armas contra el productor musical, se confirmó que las autoridades federales lo investigan por lavado de dinero.

Al salir del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ayer tras ser declarado culpable en dos cargos de posesión ilegal de armas, el productor musical Rafael Antonio «Raphy» Pina Nieves aseguró que era solo «el primer ‘round’ de 12».

Pero la realidad es que es ya el segundo ‘round’ que enfrenta a Pina Nieves con las autoridades federales y, según afirmó el fiscal federal José Ruiz Santiago y según parte de la evidencia que se presentó, la confrontación puede producir un tercer ‘round’.

En el 2012, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico consiguió que un gran jurado presentara cargos a Pina Nieves por fraude hipotecario de $4.1 millones cometido durante una transacción de financiamiento con el banco Doral para la compra de una residencia en Palmas del Mar. Eso terminó con una declaración de culpabilidad mediante la que Pina Nieves consiguió zafarse de la cárcel con una sentencia de dos años de probatoria y multa de $150,000.

La segunda confrontación fue el caso por posesión ilegal de armas y posesión ilegal de una ametralladora, una acusación que no hubiera ocurrido si no fuera un convicto federal por el caso anterior de fraude. Para el caso de armas, Pina Nieves inicialmente se sometió a un proceso de negociación con fiscalía federal en el que, según una expresión que su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, hizo en una moción sellada, pero que fue sometida a los jurados como evidencia, estaba «resignado» a tener que cumplir cárcel por estos cargos.

El tercer cara a cara de Pina Nieves con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico está pintado en la pared y, de hecho, existe desde antes de que le incautaran dos pistolas, 526 balas de 10 calibres, $135,794 y €10,000 en efectivo en una especie de «cuarto del pánico» que tenía oculto detrás de una puerta de metal reforzado con acceso electrónico controlado y alarma dedicada en su casa de la urbanización Caguas Real el 1 de abril de 2020.

Para hacer un allanamiento, las autoridades tienen que presentarle a un juez o magistrado federal suficiente evidencia para que éste emita la orden necesaria para darle legalidad a esa invasión del estado en la intimidad del hogar de una persona sin su consentimiento. Para esa orden, los agentes contaban con llamadas que le habían interceptado a Pina Nieves en el que éste habla de la bóveda y confirma que tiene allí armas y dinero.

«El pescao muere por la boca», recalcó en español el fiscal Ruiz Santiago a los jurados ayer al exhortarles que escucharan bien las grabaciones y encontraran culpable a Pina Nieves, lo que hicieron tras dos horas y media de deliberaciones que incluyó almuerzo.

La fiscal María Montañez Concepción llevó el caso contra Pina Nieves junto a Ruiz Santiago.

Notablemente, a pesar de ser una de las piezas principales de evidencia sobre las que descansaba la teoría de la fiscalía, cuando llegó el turno de cierre de la defensa, Rebollo Casalduc solo la atendió, casi a la conclusión de su exhortación final al jurado, diciendo que debían «descartarla» porque esa llamada en la que su cliente hablaba de las armas en la bóveda era de febrero de 2020, mientras que la acusación fue por poseer las armas en abril, cuando hicieron el allanamiento.

La teoría de la defensa fue que Pina Nieves tenía esa casa abandonada y que subalternos suyos tenían control de entrada y salida, por lo que pudieron ser otros los que colocaran allí las armas incautadas, una Glock Modelo 19, 9mm alterada para funcionar como ametralladora, y una Smith & Wesson, Modelo SD40.

«A lo mejor debió ser más cuidadoso en supervisar su propiedad, les concedo eso, pero no es un criminal», fue el reclamo final del abogado durante una alocución en la que la fiscalía objetó sus expresiones en por lo menos 15 ocasiones.

Para poder interceptarle las llamadas a Pina Nieves y a otros en su órbita como Joed Romero Soler, quien le maneja asuntos financieros y contributivos, los agentes también necesitaban una orden judicial, para la cual, a su vez, tenían que haberle presentado a un juez cierta justificación. Y, según dijo Ruiz Santiago a los jurados, esa intervención con las comunicaciones ocurrió porque Pina Nieves estaba bajo investigación por lavado de dinero.

De hecho, el agente del FBI que compareció como testigo para presentar las grabaciones, Joel Rosario, trabajaba para la Unidad de Lavado de Dinero del FBI en San Juan cuando supervisó la interceptación de unas 1,000 llamadas a Pina Nieves y otras 2,500 a Romero Soler.

Visto de otra manera, el caso por posesión ilegal de armas fue un bono que los agentes sacaron de la investigación de lavado de dinero.

No se discutieron más detalles sobre esa investigación durante el juicio que terminó ayer, pero tampoco se discutieron otras gestiones investigativas que hicieron en la pesquisa de lavado de dinero, como el allanamiento en la gasolinera Rogelio’s en Caguas, que es propiedad de Pina Nieves, realizado el 5 de abril de 2020, cuatro días después del de la residencia.

«Me estaban grabando porque pensaban que yo era un gángster… el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal», dijo el productor en un mensaje de Instagram anoche después del veredicto.

Aunque los cargos se suscribieron a la posesión ilegal de armas y municiones, la fiscalía hizo hincapié durante sus argumentos finales al jurado en que Pina Nieves tenía en la bóveda una chequera de una cuenta de ahorros del Banco Popular donde tenía $2 millones. En una de las llamadas, Pina se refiere a ese dinero como que está «libre de polvo y paja».

«Lo bueno de esto es que ninguno de ustedes nació ayer… el ¡ay bendito! aquí no», dijo el fiscal a los jurados al pedirles que usaran elementos como la chequera para concluir que Pina Nieves realmente tenía control directo de la bóveda el 1 de abril de 2020 cuando agentes la allanaron y que tenía posesión de armas ilegales.

El artista de mayor renombre que maneja Pina Nieves es «Daddy Yankee», cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez, y quien se vio involucrado en la divulgación de datos sobre lavado de dinero internacional conocida como The Panama Papers. Como reseñó el Centro de Periodismo Investigativo en 2016, alrededor de una presentación del cantante en Perú se desarrolló un entramado de transacciones para que los derechos sobre la misma acabaran en una cuenta en el extranjero. Pina Nieves no aparece involucrado en esa transacción de Ayala Rodríguez, quien ayer estuvo todo el día en el juicio y, tras conocerse el veredicto, dijo que «para eso estan los amigos, en las buenas y en las malas».

La próxima cita de Pina Nieves ante el juez Francisco Besosa es el 1 de abril de 2022 para escuchar cuál va a ser su sentencia. Si bien los cargos acarrean un máximo de 10 años de cárcel, Rebollo Casalduc dijo ayer que, por las circunstancias personales y del caso, esperaban que la sentencia real estuviera entre tres a cuatro años de cárcel. Pero el juez puede tomar en cuenta su convicción previa y el hecho de que haya ido a juicio, en vez de negociar, para imponer las sentencias consecutivas, en vez de concurrentes.

El 1 de abril de 2022 será el segundo aniversario del allanamiento en la residencia de Caguas Real que provocó que Pina Nieves emitiera un «ea, puñeta», cuando se enteró que eran agentes federales los que lo realizaban, según una de las grabaciones presentadas en evidencia.