La jueza federal Carmen Consuelo Cerezo convirtió a todo el que haya comprado una póliza de seguro compulsorio desde el 1998 para acá en demandantes del pleito federal en el que se alega que las compañías que venden dicho seguro incurrieron en ‘crimen organizado’ al cobrar por lo menos 12% más de lo que deberían en cada prima.

La acción ocurrió a fines de septiembre, cuando la jueza aprobó la moción de los demandantes para que el pleito radicado en agosto de 2011, se convirtiera en uno de clase que representara a todos los conductores en el pleito. Los demandados son la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) y las al menos 14 compañías de seguro que, por virtud de su membresía en la asociación, se les imputa haber participado en los actos constitutivos de ‘crimen organizado’.

La ASC es una controvertible creación de los entonces legisladores Kenneth McClintock y Ángel Cintrón, junto con el difunto excomisionado de Seguros de la Administración Rosselló, Juan A. García. El actual comisionado de Seguros, Ramón Cruz, es exayudante de García y está demandado también.

Desde su inicio, la ASC ha sido objeto de varios pleitos que impugnan desde su naturaleza jurídica hasta cómo manejan el cobro de la póliza que, de hecho, se lo hace el gobierno con cada licencia de vehículo que emite porque ahí aparecen los $99 que todos pagamos por el seguro compulsorio y que se supone sea devuelto si la persona tiene un seguro privado. Esto, porque se supone que el seguro compulsorio sólo sea vendido, y cubra, a los que no tienen seguro de otro tipo, pero la práctica de vender primero y preguntar después está al centro de la demanda, y es el origen de un torrente de ganancias que se mide en los cientos de millones de dólares, según los documentos radicados en corte.

Además de la certificación de la jueza que define la clase demandante como todo aquel al que se le haya cobrado el seguro, el caso tiene radicada una declaración preliminar sobre por qué debe aplicársele la Ley federal de Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés) a los demandados.

En esencia, lo que está en disputa son dos renglones del costo de la prima: un llamado ‘costo de adquisición’, y un ‘costo administrativo’. El de adquisición está en disputa porque se supone que era para pagarle la comisión a los corredores, pero la ASC no usa corredores en su esquema de venta. la segunda es porque se supone que pagaría principalmente la copia en papel de la póliza que se supone se le haya dado a todos los compradores, pero no se le dio.

Entre ambos, los demandantes estiman que se trata del equivalente al 12% del costo de la póliza y lo que están pidiendo es que se le devuelva eso a todo el que haya pagado por el seguro compulsorio del 1998 para acá.

Si 12% le parece poco, considere los siguientes números incluidos en la declaración de Ley RICO de los demandantes:

-De 1998 a 2010, la ASC cobró en primas $2,400 millones.

-Tan sólo en ‘costo de adquisición’, lo cobrado suma $192.2 millones.

-En ‘costos de administración’ cobraron $96.1 millones.

-En total, sumado a intereses, los demandantes sostienen que la ASC sacó del bolsillo de los conductores $406 millones por cosas que se supone que hicieran, o pagaran, pero que no lo hicieron.

-De 1998 a 2010, las empresas miembros de la asociación reportaron ingresos de esta actividad por $452.6 millones y repartieron como dividendos $102.7 millones.

-Los documentos identifican a Northern Trust Company, de Chicago, como la manejadora de las inversiones de la ASC, inversiones que, tan sólo entre 1998 y 2008, dejaron ingresos adicionales por $322.8 millones.

De prosperar el pleito, cambiarían las reglas de juego de cómo opera el seguro, y los conductores tendrían un reembolso, o crédito, correspondiente al 12% reclamado.

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