La legislación declara como política pública del gobierno de Puerto Rico garantizar la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos lingüísticos de todas las personas. También reconoce el valor cultural y social de la LSPR y su importancia como parte del patrimonio de la Isla.
Puerto Rico no cuenta con datos oficiales precisos sobre cuántas personas sordas viven en la Isla. (Diego Nieves/ NotiCel)
Luego de dos vetos, la gobernadora firmó el proyecto de la autoría del senador Ángel Toledo, que reconoce oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSPR) como la lengua natural, cultural y lingüísticamente legítima de la comunidad sorda en Puerto Rico. La ley entra en vigor inmediatamente.
Cuando pasaron los huracanes Irma y María, muchas personas sordas se enteraron del peligro cuando el viento ya les arrancaba el techo de la casa, según contó a NotiCel en agosto la presidenta de Sordos Unidos de Puerto Rico, Yolanda Rodríguez Fraticelli.
Según la exposición de motivos del Proyecto del Senado 1463, durante el huracán María los medios usaron intérpretes de lengua de señas americana, que no es la lengua de la comunidad sorda puertorriqueña. En Orocovis, por ejemplo, la seña que se usó para “huracán” era la misma que los sordos de ese pueblo utilizan para “transformador”.
La legislación declara como política pública del gobierno de Puerto Rico garantizar la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos lingüísticos de todas las personas. También reconoce el valor cultural y social de la LSPR y su importancia como parte del patrimonio de la Isla.
La medida también reconoce que las personas sordas que usan la LSPR y dominan el español son bilingües, porque se trata de dos lenguas distintas, cada una con su propia gramática, vocabulario y reglas.
La ley faculta a la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, para realizar estudios, consultas y recomendaciones dirigidas a promover, preservar y fortalecer la LSPR, incluidas sus variantes regionales. Una de ellas es la de Orocovis, conocida como LSOR, que documentó la lingüista e intérprete Marina Martínez Cora.
Además, la Defensoría y el Instituto de Estadísticas tendrán que llevar a cabo un censo para recopilar información estadística sobre la comunidad sorda en Puerto Rico. La propia medida reconoce que hoy no existen datos oficiales precisos sobre esta población, lo que dificulta crear política pública efectiva.
El censo incluirá datos sobre el uso de la LSPR, sus variantes y las necesidades de la comunidad en el acceso a servicios públicos, educativos, de salud y de participación social.
La información se usará exclusivamente para fines estadísticos, de planificación y de formulación de política pública. Servirá para orientar el diseño, la evaluación y el fortalecimiento de los programas y servicios dirigidos a la comunidad sorda.
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