Por su parte, la Cámara de Rerpesentantes aprobó transferir todo lo relacionado al Parque Las Cavernas del Río Camuy al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Sesión ordinaria en el hemiciclo del Senado de Puerto Rico. (Archivo/NotiCel)
En la recta final del cierre de la sesión ordinaria, el Senado derrotó el miércoles el proyecto de la Cámara 1115 que pretendía derogar la Comisión de Salario Mínimo, mientras que la Cámara de Representantes aprobó transferir todo lo relacionado al Parque Las Cavernas del Río Camuy al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
El proyecto de la Cámara 1115 de los representantes Roberto López Román y Tatiana Pérez Ramírez fue descargado en la sesión del Senado y derrotado a viva voz.
Igualmente, por descargue, la Cámara aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 423 del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y los representantes Joe “Joito” Colón Rodríguez, Edgar Robles Rivera y Tatiana Pérez Ramírez, que establece que la trasferencia de los haberes del parque se efectúe libre de gravámenes y cargas.
De otra parte, el Senado aprobó una transferencia de 3.7 millones de dólares al retiro de los policías y una propuesta para extender hasta 2032 la moratoria sobre las prohibiciones de plásticos de un solo uso.
Se le dio paso además al Proyecto del Senado 1514, para conservar las designaciones de Zonas de Oportunidad de 2018 a efectos de los incentivos contributivos locales, ante cambios federales que limitarán las nuevas designaciones. También avaló el Proyecto del Senado 1576, que permitiría a comerciantes con ventas trimestrales de hasta 30,000 dólares presentar y pagar el Impuesto sobre Ventas y Uso cada tres meses, en lugar de mensualmente.
Se aprobó también el Proyecto del Senado 1594, que establece normas uniformes para las legislaturas municipales y modifica disposiciones sobre compras, jornadas laborales y procedimientos relacionados con propiedades declaradas estorbos públicos.
Asimismo, avaló ampliar de 500,000 dólares a 50,000 dólares el umbral de ciertos delitos económicos sujetos a un término de prescripción de diez años. También aprobó medidas para restringir la transmisión y difusión de determinadas vistas judiciales y regular las armas conocidas como fantasmas y las fabricadas mediante impresión tridimensional.
Entre otras aprobaciones senatoriales figuran la extensión hasta el 31 de diciembre de 2031 de la moratoria sobre plásticos de un solo uso, un sistema de brazaletes de identificación para personas en riesgo de extravío y un procedimiento para facilitar ayudas de reparación de viviendas a personas sin títulos de propiedad inscritos.
El Senado también aprobó una medida para aumentar de 100 dólares a 500 dólares hasta un rango de 1,000 dólares a 5,000 dólares las multas por permanecer en cuerpos de agua tras una orden de desalojo por condiciones meteorológicas adversas.
En cuanto a los nombramientos del Ejecutivo, el Senado confirmó a Roxanne Rivera Carrión como Fiscal Auxiliar III; Ileana Andrea Santos Colom, Vanessa M. Román Delgado y Angélica M. García Pizarro como Fiscales Auxiliares II, todas en ascenso; y Geralyvette Torres Nazario como Fiscal Auxiliar I.
Además, confirmó a José J. Tañón Díaz como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y a Anthony Ruiz como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Por su parte, la Cámara aprobó un proyecto que permitiría imponer supervisión electrónica como condición adicional a la fianza de imputados por determinados delitos contra menores, así como otra medida para autorizar a enfermeros de laboratorios clínicos licenciados a administrar vacunas a adultos.
Otras propuestas camerales incluyen estacionamientos exclusivos para veteranos, límites de velocidad en zonas universitarias equivalentes a los de zonas escolares y nuevas normas de seguridad para competencias deportivas juveniles.
Además, la Cámara aprobó una resolución para gestionar un sistema de alcantarillado pluvial en sectores de Medianía Alta, en Loíza, y concurrió con enmiendas senatoriales a una amnistía de 60 días para la entrega voluntaria de armas de fuego.
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