Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político y enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos en la institución financiera.

EFE – Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político y enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos en la institución financiera.

Un juez de Paraguay ordenó este sábado prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, luego de que la Fiscalía lo imputara por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, como parte de una investigación relacionada con el cierre de Ueno bank.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, determinó que el exmandatario, de 47 años, permanezca recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, donde pasó la noche del viernes tras su detención.

«Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento», expresó el magistrado, quien también informó que Peña se abstuvo de declarar.

Otazú explicó que el exgobernante no será trasladado a una cárcel común debido a la información sensible que maneja por haber ocupado la Presidencia, particularmente en asuntos relacionados con el crimen organizado.

La decisión judicial se produjo después de que Peña fuera destituido el viernes mediante un juicio político en el Senado, donde los 44 legisladores presentes votaron a favor de su salida por «mal desempeño de funciones». La destitución también impidió que adquiriera la condición de senador vitalicio y los fueros correspondientes.

Investigación por fondos públicos

Según la imputación presentada por la Fiscalía, Peña presuntamente intervino en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero de entidades públicas y previsionales en Ueno bank.

El Ministerio Público señaló que el exmandatario habría mantenido vínculos económicos y corporativos previos con el grupo empresarial relacionado con la institución financiera.

De acuerdo con la acusación de los diputados que promovieron su destitución, Peña era accionista de Ueno Holding, conglomerado del Grupo Vásquez al que pertenecía Ueno bank, hasta que vendió su participación en marzo de 2025.

La Fiscalía también investiga operaciones crediticias de la entidad con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico, en las que organismos de supervisión del Banco Central identificaron observaciones e irregularidades.

Durante la administración de Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS) invirtió aproximadamente $355 millones en Ueno bank, institución que también administraba las cuentas de unos 32,000 jubilados.

Otros funcionarios bajo investigación

La Fiscalía también imputó y solicitó prisión preventiva contra el expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

Carvallo, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades el viernes y fue arrestado, había presidido la Financiera Ueno antes de asumir la dirección del Banco Central en 2023.

Según la acusación legislativa, el directorio del BCP autorizó la creación de Ueno bank apenas 83 días después de su nombramiento.

En total, la Fiscalía imputó a 27 personas relacionadas con el caso, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores del banco, quien fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.

Cierre del banco provoca crisis política y financiera

La crisis comenzó cuando el Banco Central ordenó el procedimiento de resolución o disolución de Ueno bank, debido a problemas de solvencia.

El cierre, comunicado el 3 de noviembre, afectó a una institución con 2.94 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes. La situación provocó preocupación entre miles de ahorradores y entidades públicas cuyos fondos quedaron congelados.

Tras la destitución de Peña, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028. Antonio Barrios juramentó como nuevo vicepresidente.

Barrios informó que el Gobierno buscará cooperación de países aliados para rastrear los fondos administrados por Ueno bank.

«Tenemos aliados que son países del primer mundo con mucha tecnología que podrían ayudarnos a saber dónde está el dinero», declaró a la radio ABC Cardinal.

Por su parte, la Cancillería paraguaya sostuvo que las instituciones del país respondieron a la crisis y cuentan con mecanismos para detectar irregularidades, proteger a los afectados y exigir responsabilidades.

«El Paraguay sale fortalecido de esta crisis puntual», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.