El presidente de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces señaló que la medida no protege la continuidad de querellas, solicitudes, fondos, entre otros expedientes.

Un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes que propone un nuevo marco jurídico para el negocio de bienes raíces en Puerto Rico recibió posturas encontradas de gremios que respaldaron los cambios que introduce la medida, mientras que otros manifestaron su rechazo a la derogación de la Ley 10-1994 que actualmente reglamenta esta industria.

Entre los organismos que objetaron el Proyecto de la Cámara 1331 estuvo la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces, cuyo presidente Miguel Mercado solicitó a la Comisión de Gobierno –presidida por el representante Víctor Parés Otero– que elimine la pieza del trámite legislativo y “permita” concluir el proceso institucional de revisión ya iniciado.

Mercado mencionó que la Junta de Corredores, adscrita al Departamento de Estado, creó un Comité de Enmiendas a la Ley 10 con el propósito de desarrollar recomendaciones que serán aprobadas por los miembros del ente regulador y posteriormente compartidas con la Asamblea Legislativa.

“Hasta que ese trabajo sea recibido y evaluado, no existe base suficiente para concluir que la derogación total sea necesaria, proporcional o superior a una reforma mediante enmiendas”, indicó Mercado, al asegurar que las enmiendas sugeridas están en la etapa final de redacción.

“Modernizar no requiere descartar tres décadas de experiencia regulatoria”, manifestó.

El director de la Junta enumeró una docena de inquietudes que le impiden apoyar la legislación, como supuestos conflictos normativos y operacionales; ambigüedades penales identificadas por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT); y algunas disposiciones que duplican la estructura regulatoria vigente.

Mercado sostuvo que, a su juicio, la transición sugerida en el proyecto no protege adecuadamente la continuidad de querellas, solicitudes, fondos, entre otros expedientes. A este señalamiento añadió que la medida impone cambios en fianzas, educación, penalidades y organización administrativa, sin demostrar su necesidad mediante datos o estudios de impacto.

En cambio, entidades como la Asociación de Realtors de Puerto Rico (PRAR, por sus siglas en inglés), la Asociación de Arrendadores de Puerto Rico (AAPR) y la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) endosaron la propuesta legislativa tras coincidir en que su aprobación lograría mayores protecciones para ciudadanos en las transacciones de bienes raíces.

Los líderes gremiales reclamaron una reforma a la Ley 10 que responda a los múltiples cambios que han ocurrido en el sector desde que el estatuto fue adoptado hace más de 30 años y a las realidades socioeconómicas de Puerto Rico.

“Estamos convencidos de que los requisitos de educación continua, formación profesional, y deberes legales y éticos exigibles bajo el marco legal propuesto contribuyen a que los profesionales de bienes raíces operen dentro de un marco jurídico de altos estándares”, expresó Kristina Fábregas, presidenta de la PRAR.

La portavoz resaltó que la pieza legislativa también incorpora mecanismos para atender los riesgos de fraude y explotación financiera que perjudican tanto a adultos mayores, como los consumidores en general.

Entre ellos, destacó la medida incluye garantías de acceso a información digital para aspirantes a la licencia de agentes inmobiliarios y que actualiza las prácticas prohibidas en el mercadeo digital relacionadas a visuales o descripciones distorsionadas sobre la condición de una propiedad.

El proyecto es impulsado por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto a la representante Yashira Lebrón Rodríguez, quien aseguró que buscan encontrar consensos entre todos los sectores y están abiertos a modernizar la ley vigente de ser necesario.

“Si hay que enmendar la ley actual, se enmienda. Si hay que llevar a cabo una derogación, se deroga, pero queremos atemperarla a la realidad actual. Hay unas lagunas en la legislación que se pudieran trabajar”, pronunció Lebrón Rodríguez, vicepresidenta del cuerpo legislativo.

DACO solicita más recursos
El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres, favoreció la intención de la legislación, pero instó que su aprobación esté sujeta a un análisis amplio sobre el impacto fiscal y operacional que conllevará ampliar las funciones de la agencia.

Según el titular, el proyecto dispone que el DACO utilice sus recursos para desarrollar campañas dirigidas a prevenir esquemas fraudulentos, promover la educación financiera y proteger a sectores particularmente vulnerables.

“La asignación adecuada de recursos no solo constituye una consideración administrativa, sino que resulta indispensable para que las protecciones reconocidas en la nueva legislación puedan materializarse de manera efectiva”, afirmó Torres a través de un memorial explicativo.

Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) expresó mediante una ponencia escrita sus preocupaciones por el efecto de los nuevos requisitos sobre el costo de entrada de nuevos profesionales. El licenciado Daniel Vélez, asesor legal de la agencia, advirtió que estos cambios podrían convertirse en barreras para nuevos corredores y pequeñas empresas.

Por su parte, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) favoreció el proyecto al opinar que su implementación generaría importantes beneficios para el sistema de financiación hipotecaria en Puerto Rico.

En esta audiencia pública también participaron los representantes José “Cheito” Hernández Concepción, Ángel “Tito” Fourquet Cordero, Denis Márquez Lebrón, Ricardo “Chino” Ocasio Ramos y José “Che” Pérez Cordero.