El Departamento de la Vivienda favorece el proyecto, al igual que la Asociación de Alcaldes y la Puerto Rico Association of Realtors.

La gobernadora Jenniffer González tiene en su escritorio un proyecto de ley dirigido a prohibir expresamente la discriminación contra compradores de viviendas que tienen, como método de pago, vales de fondos federales.

El Proyecto del Senado 679, presentado por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos y firmado por otros siete correligionarios, indica en su Exposición de Motivos que este fenómeno discriminatorio ocurre y que, si bien a través del Programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación (R3) se han asignado $2,175 millones para la adquisición de viviendas, el 66% de las familias beneficiarias no han logrado adquirir, entre otras razones, “al rechazo explícito de vendedores a aceptar vales federales como método de pago”.

De hecho, se plantea que el 78% de las quejas recibidas en la Procuradoría de la Vivienda en el 2023 involucraron el rechazo a fondos federales de recuperación.

La disponibilidad de este dinero federal expira en el 2029. Mientras, la Ley Federal de Vivienda (Fair Housing Act) excluye la fuente de ingresos como motivo protegido de discrimen.

El Departamento de la Vivienda favorece el proyecto, al igual que la Asociación de Alcaldes y la Puerto Rico Association of Realtors.

El fin de la medida se alcanzaría creando la nueva Ley para la Gestión de Fondos de Recuperación Destinados a la Compra de Viviendas y la Repoblación de Municipios. Igualmente se persigue con una enmienda al Código de Rentas internas.

La propuesta ley tipifica como práctica discriminatoria que el dueño, agente, corredor de bienes raíces, administrador u otra persona o grupo con derecho a anunciar, vender, prometer o aprobar la venta de una unidad de vivienda rechace a un comprador por ser participante de un programa federal de recuperación. Cualquier reclamación será presentada ante el Departamento de la Vivienda y el proyecto establece los pasos y términos para que se atienda la queja. Igualmente incluye multas de entre $1,000 y $5,000 por cada violación.

El proyecto, no obstante, no aplica a viviendas en venta por entidades religiosas y tampoco a vendedores que no utilicen corredores de bienes raíces, a menos que el vendedor sea dueño de más de dos unidades de vivienda. La medida también establece ciertos trámites que no serán considerados actos discriminatorios.

La enmienda al Código de Rentas Internas van dirigidas a legislar una tasa contributiva preferencial de 2% sobre las ganancias netas de capital derivadas de la venta de una propiedad inmueble a personas certificadas como beneficiarias de programas federales de recuperación.

Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la medida tendría un impacto fiscal de $8 millones anuales.

“Esta Comisión toma conocimiento del impacto fiscal estimado por OPAL. Sin embargo, entiende que dicho impacto debe evaluarse dentro del contexto de una política pública de recuperación post-desastre, aprovechamiento oportuno de fondos federales, reducción de barreras discriminatorias en el mercado de vivienda y estabilización poblacional de los municipios afectados. La tasa preferencial no opera como una exención general e indiscriminada, sino como un incentivo limitado, condicionado y vinculado a transacciones de recuperación con beneficiarios certificados”, lee el informe positivo firmado por la representante Omayra Martínez Vázquez, presidenta de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara.