En el espacio que proveyó la Junta de Control Fiscal (JCF) durante su reunión el miércoles, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, expuso el estado del proyecto Enterprise Resource Planning (ERP), culpó a las administraciones novoprogresistas pasadas por sus atrasos y también directamente a la Administración de Servicios Generales (ASG), con cuya jefa ha mantenido una pugna pública sobre este tema.

En su exposición, sin embargo, el también director de campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón, arrojó sombras sobre el desempeño del secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, quien, como subsecretario de la agencia entre 2020 y 2024, estuvo a cargo del proyecto del ERP en Hacienda durante la Administración Pierluisi Urrutia.

El ERP implica una reorganización de los procesos contables públicos para alimentar una herramienta digital que daría visibilidad detallada de todo el movimiento de dinero en el gobierno. Se está tramitando desde 2017 y habrá costado $117.8 millones para cuando se supone que comience a funcionar el 1 de julio. El contratista principal ha sido Deloitte Consulting mediante acuerdos con Hacienda.

La JCF ha empujado por la ejecución del proyecto y es uno de los pilares de la reforma gubernamental que proponen. “El ERP es una prioridad fiscal”, dijo el miércoles el presidente del ente fiscal, el exjuez Arthur González. “El ERP debe aumentar dramáticamente la posibilidad de tener informes financieros auditados más rápido”, acotó el director ejecutivo, Robert Mujica, al precisar que hoy los estados están demorados por 800 días y que con esos estados es que se puede decir si un presupuesto estuvo balanceado para propósitos del requisito de la Ley PROMESA para que la Junta cese sus funciones.

En su exposición, Domenech se apoyó también en un informe de la Oficina del Contralor para acusar que, previo a la administración actual, el desarrollo del ERP estuvo marcado por falta de seguimiento, falta de especificidad en los contratos, poca coordinación entre agencias, inconsistencia en los equipos de trabajo de las agencias, y “bajo rendimiento” en entidades como la ASG, que dirige Karla Mercado.

Añadió que la administración de González Colón renegoció contratos para definir plazos, nombró un equipo solo para este proyecto (a cargo de la subsecretaria de la Gobernación, Itza García) y dividió la ejecución en dos fases.

La que debe inaugurar en julio abarca finanzas y compras. En compras, sería los contratos relativos a servicios profesionales, aunque, en el caso del Departamento de Educación, será todo tipo de compras. La segunda fase, a ejecutarse en 2027, cubre compras de bienes y servicios que no son profesionales, así como todo lo relacionado a nómina y personal. El tema de las compras es el de choque directo con ASG, que ya desarrolló su propia herramienta de subastas y compras, en atención a su responsabilidad legal de centralizar esos procesos a nivel de todo el gobierno.

La JCF ya había planteado preocupación con el atraso en el ERP. Al aprobar la tercera enmienda al contrato de Deloitte, en enero de 2025, el ente fiscal condicionó a que se firmara un acuerdo con el gobierno que les da una silla oficial en el comité timón para la implementación del ERP. Aunque la silla no le da voto, sí le permite “participación activa”.

La reunión de la Junta el miércoles estaba convocada para discutir el presupuesto del próximo año, el primero producido en conjunto entre el ente fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto con miras a que traspasar a esa entidad local los métodos de creación de presupuesto que la Junta entiende son necesarios para que el gobierno pueda volver a pedir prestado, otro de los requisitos de la Ley PROMESA.

Mujica comentó que el documento acordado es “sustancialmente el presupuesto de la gobernadora”, pero también volvió a advertir sobre la falta de estrategia económica a largo plazo. “Una vez expiren los dólares federales por los desastres, no hay un plan”, subrayó.

Se supone que el gobierno produzca un plan económico a cinco años este julio.

El director ejecutivo advirtió también que hay dos corporaciones públicas que utilizan fondos no recurrentes para cuadrar sus presupuestos.

Una es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El plan fiscal depende de aumentos tarifarios, pero también depende de la instalación de nuevos contadores y de poder aumentar los ingresos. Ese ha sido el mecanismo para tratar de asegurar que los ingresos del año corriente puedan cubrir los gastos.

Pero ahora mismo han utilizado sus reservas para financiar sus presupuestos operacionales. Eso durará un año más y luego las reservas se agotarían. En ese momento tendrán que cambiar su perfil de gastos para volver a balancear el presupuesto o encontrar otra alternativa, dijo Mujica.

La otra es la Autoridad de Carreteras y Transportación, donde también utilizan fondos de una sola vez para mantener el balance presupuestario.

“La administración de la gobernadora ya conoce este asunto… No queremos que luego la gente diga que estos asuntos nunca se habían señalado o discutido. Son asuntos significativos, reales y que necesitan atención”, concluyó.

Presentación sobre el ERP

Presentación sobre el presupuesto