«La Junta respetuosamente entiende que no se puede anular, ni terminar el Contrato de Operación de T&D bajo las circunstancias que alega el Gobierno”, indicó.

La Junta de Supervisión Fiscal presentó hoy su alegato como amigo de la corte en el pleito ante el Tribunal Supremo entre el gobierno y LUMA Energy y argumentó que el Estado no puede terminar el contrato de operación del sistema de transmisión y distribución.

Según la Junta, los contratos entre el gobierno y LUMA fueron válidamente otorgados.

“Por consiguiente, por las razones expuestas en el alegato de LUMA, la Junta respetuosamente entiende que no se puede anular, ni terminar el Contrato de Operación de T&D bajo las circunstancias que alega el Gobierno”, indicó la Junta.

Sin embargo, en el mismo escrito la Junta señala que el Supremo no le puede permitir al gobierno terminar con el contrato “sin tener un operador privado sustituto, cualificado y preparado para inmediatamente asumir el control de la operación eléctrica del país, operador que, hasta el momento, el gobierno ni siquiera ha identificado, mucho menos sometido a la evaluación de la Junta”.

Según el escrito, dar por nulo el contrato “tendría consecuencias nefasas, tanto para el caso de Título III de la AEE, como para la capacidad de Puerto Rico de proveer electricidad confiable a sus residentes y empresas”.

Además, la Junta recuerda que la postura de LUMA es que anular su contrato le permitiría reclamar sobre $250 millones, junto con otras obligaciones sustanciales de pago.

 “De ser válido este reclamo, el pago de esos cargos agotaría el fondo operacional de la AEE, que ya de por si es insuficiente, y podría provocar aumentos en las tarifas de electricidad”, lee el documento.

En caso de que LUMA sostenga que esos cargos deben ser pagados como un gasto administrativo, “un gasto de tal magnitud podría dificultar aún más la confirmación de un plan de ajustte en el caso del Tïtulo II de la AEE”, indicó la Junta.

El ente fiscal sostuvo que la cancelación del contrato podría provovar una crisis energética, subrayó que la AEE administró “deficientemente” el sistema y que por eso la Legislatura y el Ejecutivo determinaron que la operación de la red eléctrica debía estar en manos privadas.

“Tanto las leyes de Puerto Rico como el plan fiscal de la AEE exigen que una empresa privada opere el sistema eléctrico de Puerto Rico”, manifestaron los abogados de la Junta, que son del bufete O’Neill & Borges.