A días del Día Internacional de los Trabajadores. En la conclusión del informe el representante Roberto López Román parece adelantar que presentará legislación para aumentar el salario mínimo de los trabajadores que dependen de propinas y que solo ganan $2.13 la hora.

La Cámara de Representantes ha incluido en su calendario de hoy el proyecto que deja en manos de la Legislatura la decisión sobre futuros aumentos al salario mínimo.

El Proyecto de la Cámara 1115 es favorecido por organizaciones del sector privado y repudiado por organizaciones sindicalistas.

La medida del representante penepé Roberto López no aplica a empledos federales y empleados gubernamentales, municipales y privados si sus convenios colectivos establecen un salario igual o mayor al establecido en la ley.

La pieza legislativa se encarga de mantener por lo pronto el salario mínimo en $10.50 y deroga la Comisión Revisora del Salario Mínimo. Sobre el proceso para revisar el salario mínimo, solo se indica que se tomará en consideración el salario mínimo federal o legislado a futuro, el costo de vida y “las necesidades de los empleados”, sin definir claramente ese concepto.

Ese ajuste tendría que pasar el crisol de la Legislatura mediante un proyecto de ley. El principal cambio consiste en sacar de la mano de expertos economistas el tema y colocarlo en manos de políticos electos.

Igualmente, igualmente sin definir claramente a qué se refierere, “las condiciones económicas y de competencia de las empresas a los fines de que no se reduzca sustancialmente el empleo”, en referencia a que un aumento al salario mínimo no provoque despidos.

La medida fue atendida en una sola vista pública por el autor de la medida, que preside la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales.

Organizaciones como MIDA, la Asociación Hecho en Puerto Rico, ASORE, la Asociación de Constructores, la Asociación de Industriales y el Instituto de Libertad Económica favorecieron la medida. Entre otras cosas, señalaron que la comisión actual no cuenta con funcionarios electos y sí “la representación desproporcionada de organizaciones laborales”.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos criticó que tiene que asignar recursos presupuestarios a la comisión actual. No obstante, señaló también que la comisión debe sobrevivir “con funciones delimitadas”, quitándole la facultad de emitir decretos estableciendo el salario mínimo y limitando su rol a “la realización de los estudios y el análisis técnico” y recomendaciones a la Legislatura.

Organizaciones sindicales como la UAW se opusieron al señalar que la comisión actual tiene la capacidad de hacer un análisis técnico y permamente sobre el costo de la vida.

“Expresaron que eliminar la ley afectaría particularmente al trabajador agrícola; le quitaría a Puerto Rico un instrumento institucional para ajustar salarios de forma técnica, justa y acorde al costo real de vida; delibitaría una herramienta poderna de justicia económica y no habría obligación legal de revisar el salario mínimo regularmente”.

En la conclusión del informe el representante López Román parece adelantar que presentará legislación para aumentar el salario mínimo de los trabajadores que dependen de propinas y que solo ganan $2.13 la hora.

“La Comisión ha fallado en proponer un decreto que eleve este salario base estancado por décadas, lo que mantiene a miles de trabajadores en la incertidumbre económica. Al devolver esta facultad a la Legislatura, se garantiza un foro donde se puedan legislar aumentos directos al salario base de los meseros y otros trabajadores de servicio, eliminando la dependencia excesiva de la volatilidad de las empresas puertorriqueñas”, indicó López Román.