Según recita la Exposición de Motivos, la medida busca estabilidad e independencia en el sistema de justicia y registro de la isla.

El Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz este jueves una medida que propone extender a 16 años el término de nombramiento de fiscales, procuradores de menores y registradores de la propiedad.

El Proyecto del Senado 917, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pretende modificar el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y los Artículos 279 y 284 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

El objetivo de la misma es ampliar el periodo de nombramiento de Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, así como Registradores de la Propiedad, para lo que hayan sido designados a partir del 2 de enero de 2025.

En la Exposición de Motivos no se explica por qué se fija esa fecha y no se extiende el beneficio a funcionarios nombrados antes.

El Proyecto del Senado 917 de la autoría del Rivera Schatz, se dispone a enmendar la el Artículo 66 de la Ley 205-2004, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, y los Artículos 279 y 284 de la Ley 210 de 8 de diciembre de 2015, conocida como la “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico, a los fines de extender a el término de nombramiento de los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y Registradores de la Propiedad, a partir de los nombramientos efectuados desde el 2 de enero de 2025.

Según cita la Exposición de Motivos, la razón de ser de la propuesta de enmienda se resguarda en la necesidad de que “el sistema de justicia y el sistema registral requieren funcionarios que cuenten con estabilidad en sus cargos, independencia de criterio y experiencia acumulada en el manejo de casos complejos”. Esto ante la percepción de que establecer períodos de nombramiento breves provoca inestabilidad y perjudica la continuidad en la gestión de asuntos sensibles.

Asimismo, indica que «la extensión de los términos persigue fortalecer la autonomía e independencia del criterio de estos funcionarios, reduciendo la exposición a presiones externas y asegurando que su permanencia en los cargos esté sujeta únicamente al cumplimiento de sus deberes y a la normativa disciplinaria aplicable. Al mismo tiempo, esta medida no limita la supervisión ni la rendición de cuentas, pues los Fiscales, Procuradores y Registradores continúan sujetos a las normas internas de sus respectivas agencias, a la jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental y, en el caso del Ministerio Público, a la posible intervención de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI)».

De esta manera, los Fiscales Auxiliares I y II, Procuradores de Asuntos de Familia y Procuradores de Asuntos de Menores serán nombrados por un término de dieciséis años.

Por su parte, los Registradores de la Propiedad también serán designados por el Gobierno con el aval del Senado por un periodo de dieciséis años, según la enmienda al Artículo 279 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Si el Registrador no es renominado, continuará en funciones hasta que su sucesor tome posesión o finalice la próxima sesión legislativa.