El proyecto veta tanto el cobro directo como el indirecto e igualmente prohíbe las cuotas para lograr la contratación de terceros para administrar ligas.
La medida, el Proyecto de la Cámara 839, proponía la “Ley para la Regulación del Financiamiento de Programas Deportivos Escolares”. Archivo/NotiCel.
La gobernadora Jenniffer González vetó un proyecto de ley que buscaba prohibir que las instituciones educativas, públicas o privadas, cobren cuotas, mensualidades o cualquier otro cargo a los estudiantes o a sus padres como condición para participar en los equipos deportivos que representan a la escuela.
La gobernadora señaló en un comunicado de prensa que el Departamento de Educación ya dispone que el acceso a los programas del sistema público no puede condicionarse al pago. La medida, según se indicó, carecía de un mecanismo de financiamiento que sustituyera los ingresos por cuotas, lo que podía limitar la oferta deportiva y la contratación de entrenadores especializados, particularmente en escuelas privadas.
La medida, el Proyecto de la Cámara 839, proponía la “Ley para la Regulación del Financiamiento de Programas Deportivos Escolares”. Según su Exposición de Motivos, se ha observado que algunos programas, a través de entrenadores u otro personal, imponen cuotas a las familias de los atletas, lo que representa, según cuatro representantes autores del proyecto, una carga económica indebida y puede convertirse en una barrera para estudiantes talentosos cuyos padres no tienen los recursos para pagarlas.
El proyecto veta tanto el cobro directo como el indirecto e igualmente prohíbe las cuotas para lograr la contratación de terceros para administrar ligas. Define este último como cualquier mecanismo, gestión o solicitud que, aunque no se presente como pago obligatorio, tenga el efecto de condicionar o limitar la participación del atleta. Tampoco se podría condicionar la participación a la compra de uniformes, equipo, materiales o servicios específicos cuando ello represente un costo adicional para la familia.
La medida aclara que las escuelas podrán seguir recibiendo auspicios, donativos o aportaciones voluntarias, siempre que no estén vinculados ni condicionados a la participación del estudiante en el programa.
Como alternativa de financiamiento, el proyecto sostenía que las escuelas pueden recibir auspiciadores corporativos o privados, donaciones de individuos, exalumnos, corporaciones o fundaciones, y actividades de recaudación de fondos, entre otros métodos legales que no impongan un costo obligatorio al estudiante.
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