La organización operaba desde 2022 en sectores cercanos a los residenciales públicos Jardines de Cidra, Práxedes Santiago, Vistas de Jagüeyes y Vista Alegre
Parte del organigrama de la organización impactada. Nickolas N. Torres/NotiCel.
Un gran jurado federal acusó a 55 integrantes de una organización dedicada supuestamente al narcotráfico en Aguas Buenas y Cidra, a quienes se les imputan delitos relacionados con la distribución de sustancias controladas y violaciones a las leyes de armas.
La acusación, emitida el 4 de noviembre, sostiene que la organización operaba desde 2022 en sectores cercanos a los residenciales públicos Jardines de Cidra, Práxedes Santiago, Vistas de Jagüeyes y Vista Alegre, donde supuestamente distribuía heroína, fentanilo, cocaína, crack, marihuana, clonazepam, oxicodona y alprazolam.
Según las autoridades federales, los integrantes utilizaban armas de fuego, violencia e intimidación para mantener el control de los puntos de distribución de drogas. La acusación también les atribuye participación en tiroteos y asesinatos vinculados al control de sus operaciones.
El pliego acusatorio señala que la organización transportaba y distribuía cantidades de cocaína medidas en kilogramos hacia Estados Unidos. Sus integrantes supuestamente utilizaban radios de comunicación, teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería y redes sociales para coordinar sus actividades.
Las autoridades alegaron que algunos miembros obtenían permisos legales de tenencia y portación de armas para facilitar la adquisición de municiones que posteriormente compartían con otros integrantes de la organización.
De los 55 acusados, 37 enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego en apoyo de actividades de narcotráfico. De estos, 17 también enfrentan un cargo relacionado con la posesión de ametralladoras para facilitar delitos de drogas.
La Fiscalía Federal indicó que los acusados desempeñaban distintas funciones dentro de la organización, entre ellas líderes, suplidores, propietarios de puntos de drogas, vendedores, vigilantes y personas encargadas de transportar sustancias controladas.
También sostuvo que los integrantes utilizaban fotografías, publicaciones y videos musicales difundidos en redes sociales para exhibir su vinculación con la organización y proyectar control sobre los territorios donde operaban.
Entre los acusados figuran Bryan Joel Díaz Rosario, conocido como “Bigote”; Emanuel Erazo González, alias “Pangola”; Juan Carlos Blanco Meléndez, alias “Puchu”; Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, alias “Gambito”; Xavier Santiago Berríos, alias “Xavy”, y Louis Daniel Dávila Román, conocido como “Güi” o “Güimo”.
La acusación también incluye a Eduardo Sánchez Sierra, Ammisaday Silva Aponte, Armando López Rosa, Carlos Javier Santos Rivera, Eduardo Gabriel Rodríguez Díaz, Emanuel Díaz Flores, Emanuel Figueroa Centeno, Héctor David Castro Merced, Hugo Martín Méndez Ramos y Joan Manuel Marquez Rivera, entre otros.
De resultar convictos por los delitos de narcotráfico, los acusados enfrentan penas mínimas de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Aquellos convictos por determinados cargos de drogas y armas podrían recibir sentencias mínimas de 15 años.
En el caso de los acusados por posesión de ametralladoras en apoyo del narcotráfico, la Fiscalía indicó que enfrentan una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión, que deberá cumplirse consecutivamente a cualquier sentencia impuesta por los delitos de drogas.
Además, los 55 acusados enfrentan una alegación de confiscación de bienes relacionada con el narcotráfico por $100 millones.
La investigación estuvo encabezada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de Puerto Rico, mediante el grupo de trabajo de Caguas, con la colaboración de otras agencias federales y estatales.
El agente especial a cargo del FBI en San Juan, Carlos Goris, sostuvo que la agencia continuará utilizando sus recursos para investigar organizaciones vinculadas con delitos violentos y narcotráfico.
El procesamiento forma parte de la iniciativa federal Homeland Security Task Force, dirigida a investigar organizaciones criminales y redes de narcotráfico mediante la colaboración de agencias de seguridad.
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