Y amenazan con dejar sin combustible a la flota del gobierno y a la Policía en diciembre, además de retrasar pagos a suplidores.

La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, advirtió ayer ante el Senado de Puerto Rico que las fallas en el sistema financiero Íntegra PR (ERP) amenazan con dejar sin combustible a la flota del gobierno y a la Policía en diciembre, además de retrasar pagos a suplidores.

Indicó en una vista pública Comisión de Relaciones Federales que la ASG ha costeado la gasolina con reservas propias ante la traba del sistema para transferir fondos entre agencias, lo que pondrá en riesgo el servicio el próximo mes. Asimismo, hay atrasos con hospitales y agricultores que abastecen comedores escolares.

Señaló que el diseño del software presenta errores desde 2020, permite alterar órdenes de y dificultará la emisión de estados financieros, exponiendo al Departamento de Educación a perder fondos federales.

Presentó también documentos que prueban haber alertado del riesgo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y exfuncionarios. Mercado Rivera advirtió que las dificultades no se limitan a los atrasos en los pagos, sino que incluyen deficiencias de configuración que su agencia había señalado desde etapas anteriores del proyecto. Según explicó, actualmente opera el componente de Finanzas y parte del módulo de Compras, mientras que el Departamento de Educación es la única agencia con este último componente completamente activado. “Lo que se ve allá afuera es el pago a suplidores, pero eso tan solo es la punta del iceberg”, expresó.

Mercado Rivera alertó que algunas transacciones podrían no estar clasificándose correctamente en las partidas de gastos, lo que representaría riesgos para la preparación de estados financieros confiables. También cuestionó el proceso de migración de información de suplidores, al señalar que se utilizaron registros desactualizados y que los proveedores enfrentan dificultades para corregir sus datos, presentar facturas y completar transacciones. La administradora sostuvo que la ASG había advertido que el módulo de Compras del Departamento de Educación no estaba preparado para operar conforme a sus necesidades y disposiciones legales.

Durante las preguntas del senador penepé Carmelo Ríos Santiago, Mercado Rivera explicó que se habían identificado más de 350 requisitos relacionados con las adquisiciones gubernamentales y que, para marzo de 2024, permanecía pendiente una parte considerable de los asuntos vinculados a ese componente. Asimismo, señaló deficiencias relacionadas con los permisos de acceso de los usuarios y la falta de una configuración que permita divulgar públicamente las compras en tiempo real, como ocurre con la plataforma JEDI utilizada por la ASG. “Ese módulo no estaba listo para operar”, reiteró.

Mercado Rivera también confirmó que decidió abandonar el comité técnico del proyecto debido a desacuerdos con los procedimientos para evaluar y autorizar el pago de entregables. Según explicó, su agencia había objetado por escrito trabajos que consideraba incompletos o que no respondían a sus requisitos operacionales, pero las condiciones contractuales dificultaban atender esos señalamientos antes de proceder con los pagos. La funcionaria favoreció revisar los fundamentos de la configuración del sistema para corregir las deficiencias identificadas. “Para solucionar debemos volver a la zapata”, sostuvo.

Ayer comparecieron también ante el Senado representantes de Deloitte Consulting LLP para examinar las deficiencias operacionales de la plataforma, atrasos en los pagos a suplidores y las posibles soluciones para garantizar la continuidad de los servicios.

Al iniciar los trabajos, el senador Carmelo Ríos Santiago advirtió sobre las consecuencias que las dificultades del ERP continúan teniendo para contratistas y proveedores de servicios esenciales, entre ellos transportistas escolares, terapeutas y suplidores de alimentos. El legislador explicó que la plataforma es responsable de registrar presupuestos, tramitar facturas y procesar pagos, por lo que sus problemas operacionales repercuten directamente en la prestación de servicios públicos. “Si el sistema no funciona, el gobierno no paga”, expresó.

Ríos Santiago informó, además, que la OGP aprobó una solicitud de $9 millones para atender pagos pendientes a transportistas escolares, cuyo trámite continuaría ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Durante su comparecencia, el principal oficial de Deloitte Consulting LLP, Ángel Quiñones Cardona, defendió la implementación de IntegraPR y sostuvo que las principales dificultades surgidas tras su entrada en funcionamiento responden a problemas relacionados con la conversión de datos y el uso del sistema por parte de las agencias, y no a fallas críticas de configuración. Según informó, desde julio de 2026 la plataforma ha procesado 80,692 facturas, con pagos que ascienden a aproximadamente $5,950 millones a más de 7,000 suplidores. En el caso del Departamento de Educación, indicó que se han pagado 33,735 facturas por unos $353.8 millones, aunque reconoció que todavía permanecen 2,373 facturas de transportación, por $7.4 millones, sin pagar en su totalidad.

Ante las preguntas de Ríos Santiago, Quiñones Cardona explicó que los servicios de gestión del cambio organizacional fueron retirados del alcance contractual de Deloitte durante la etapa final de negociación, antes de la firma del contrato en 2022, por instrucciones del Gobierno. Indicó que desconocía quién ordenó esa modificación y aclaró que la firma no recibió instrucciones de la JSF. Asimismo, sostuvo que Deloitte completó los adiestramientos técnicos y la capacitación funcional dirigida a instructores del Gobierno, quienes posteriormente debían preparar a los usuarios de las agencias. La empresa se comprometió a proporcionar a la Comisión la lista de participantes y los materiales utilizados durante esas sesiones.

En cuanto a la segunda fase de IntegraPR, correspondiente a Recursos Humanos y Nómina, Deloitte confirmó que no estará lista para entrar en funcionamiento en enero de 2027, como estaba previsto. La firma atribuyó el retraso a la falta de información necesaria para probar los cálculos de nómina y beneficios, así como a integraciones pendientes con sistemas externos. Durante el interrogatorio, reveló que la empresa Elite BCO, contratista responsable de la conversión de datos en la primera fase, continúa a cargo de esa función en la segunda, a pesar de los problemas que Deloitte atribuyó al proceso anterior. Quiñones Cardona aseguró que recomendó al Gobierno considerar la contratación de una empresa con experiencia específica en conversión de datos para sistemas ERP.

El representante de Deloitte explicó también que la activación del módulo de Nómina debe coincidir con determinados ciclos trimestrales, por lo que cada fecha de lanzamiento incumplida provoca un aplazamiento de tres meses. Añadió que esos retrasos se documentan semanalmente en los informes del proyecto y que su empresa factura por entregables completados. Sobre el contrato, informó que el acuerdo original de $73.1 millones ha sido enmendado en 14 ocasiones, elevando su valor máximo a aproximadamente $86.4 millones, de los cuales se han pagado unos $67.6 millones. La empresa indicó que no se le han impuesto penalidades contractuales.

Ríos Santiago preguntó cuánto tiempo y dinero serían necesarios para resolver los problemas que afectan a contratistas y empleados públicos. Quiñones Cardona reconoció que “no se han completado los cierres financieros mensuales desde la puesta en funcionamiento del sistema en julio”, por lo que será necesario atender los correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre para evitar mayores complicaciones al cierre del año fiscal. Aunque no pudo precisar cuándo se normalizarían los pagos, estimó en aproximadamente $1 millón una nueva capacitación para usuarios y señaló que el mantenimiento y apoyo operacional representan unos $649 mil. Aclaró que una futura extensión para completar la fase de Recursos Humanos y Nómina conllevaría costos adicionales.

Durante su intervención, el senador Luis Javier Hernández Ortiz, cuestionó a Deloitte sobre las causas de los atrasos en los pagos a transportistas escolares y empleados públicos por concepto de dietas y millaje. El legislador preguntó si las facturas pendientes respondían a fallas del ERP o a la falta de fondos disponibles en las órdenes de compra. En respuesta, Quiñones Cardona explicó que una orden sin fondos impide procesar pagos y reconoció que esta podría ser una de las razones de los atrasos, aunque aclaró que pueden existir múltiples causas. Como ejemplo, señaló que Deloitte tampoco ha recibido pagos desde junio debido a la falta de fondos en su orden de compra.

De igual forma, la senadora Roxanna Soto Aguilú cuestionó a Deloitte sobre las enmiendas contractuales, las métricas de cumplimiento y la intervención de la JSF en la aprobación de los servicios de apoyo técnico. Quiñones Cardona confirmó que la última enmienda incorporó requisitos de informes de progreso como condición para facturar y explicó que el Gobierno ha solicitado extensiones de apoyo por periodos mayores de 30 días para garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, sostuvo que la Junta únicamente ha autorizado prórrogas de 30 días, situación que, según la firma, provoca interrupciones mientras se tramitan nuevas aprobaciones.

Por otro lado, el senador Ángel Toledo cuestionó a Mercado Rivera sobre las advertencias emitidas antes de su implementación. La administradora respondió que no contaba con evidencia para atribuir motivaciones particulares a quienes promovieron la puesta en funcionamiento del sistema, pero reiteró que se subestimaron las consecuencias de las deficiencias operacionales. “De nada me sirve yo llegar a un número final que yo no sé cómo yo llegué a él”, expresó, al destacar la necesidad de contar con estados financieros verificables y advertir que las fallas en las compras pueden afectar la llegada de computadoras, alimentos y equipos esenciales a quienes los necesitan.

Al finalizar la audiencia, Ríos Santiago mencionó que se formalizará una nueva vista pública para el 30 de noviembre de 2026, donde se estarán citando para deponer al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).