La ley del 2025 no tiene dinero asignado para que se pueda ejecutar.

A más de un año de aprobada, una ley que ordena la creación de un programa para ofrecer albergue temporero a residentes de Vieques y Culebra en tres municipios de la llamada “Isla Grande” no ha sido implementada por falta de un reglamento y de dinero.

El reglamento está en etapa de borrador.

Se trata de los principales hallazgos de una investigación del Senado en torno a la puesta en vigor de la Ley 105-2025, que deja en manos del Departamento de Vivienda y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) habilitar estos albergues en Ceiba, Fajardo y Luquillo.

Los tres autores de la ley: Carlos “Johnny” Méndez, Omayra Martínez y José Aponte Hernández no identificaron fuentes de dinero para financiar la iniciativa.

El nuevo estatuto indica que se identificarían al menos tres viviendas o establecer acuerdos colaborativos con hospederías en estos tres pueblos.

Vivienda y la CTPR tenían 120 días para preparar el reglamento, orden que han incumplido, según la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado.

“En muchas ocasiones se ha dado la situación de residentes de estas islas que han tenido que dormir uno o varios días en el Terminal de las lanchas.  Esto, debido a que en su mayoría los residentes de estas islas no cuentan con recursos económicos suficientes, para pagar albergue en un hotel u otro lugar de los que ofrecen alojamiento mediante paga. Este proyecto de ley persigue identificar algunas viviendas pertenecientes al Departamento de la Vivienda y que las mismas sean habilitadas y se mantengan disponibles como alojamiento temporero para los residentes de Vieques y Culebra, que por alguna razón de salud dentro del núcleo familiar tuvieren que quedarse a pernoctar en la “Isla Grande”, lee la Exposición de Motivos de la ley, firmadada por la gobernadora en agosto de 2025.

Un informe final de la citada comisión indica que el secretario de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, favorece la alternativa de los acuerdos con hoteles, pero añade que Vivienda necesita dinero y recursos administrativos para cumplir con la ley.

“Eso incluye no solo los fondos destinados a sufragar los acuerdos colaborativos o los servicios de alojamiento, sino también los costos relacionados con la evaluación y selección de proveedores…”, lee el informe final de la pesquisa del Senado.

La CTPR también observó la necesidad de definir “aspectos administrativos” de la nueva ley, además de definir criterios de elegibilidad, cómo se podrá solicitar el beneficio, la duración de las estadías y los mecanismos de reservación.

Al igual que Vivienda, la CTPR indicó que no existe una asignación presuspuestaria para sufragar los costos del programa.