Exdirectora regional del Departamento de la Familia en Arecibo reclama $150,000 al Estado y $300,000 a cuatro funcionarias codemandadas, incluyendo a Roig Fuertes.

Blanca Rosa García Sostre, exdirectora regional del Departamento de la Familia en Arecibo, presentó una demanda en la que alega haber sido víctima de un patrón de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal y psicológico, difamación, represalias y reducción de funciones entre 2025 y junio de 2026.

La acción legal señala como codemandadas a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes; la subdirectora regional Lynette Pérez Molinari; Sofía Benítez Rodríguez; y Vivian Martínez Ruiz. También reclama responsabilidad al Departamento de la Familia y al Estado Libre Asociado.

Según la demanda, Roig Fuertes cuestionaba con frecuencia la competencia profesional de García Sostre, presuntamente la insultaba y la llamaba “bruta” y “mentirosa”. La demandante sostiene que también fue excluida de actividades oficiales, amenazada con ser destituida y enfrentada por asuntos relacionados con empleados, movimientos de personal y reuniones regionales.

Uno de los episodios ocurrió el 14 de mayo de 2025, cuando, según el escrito, García Sostre fue excluida de una actividad oficial celebrada en su región. La representación institucional habría sido delegada en la subdirectora Pérez Molinari. La demanda alega que Roig Fuertes le ordenó no asistir y posteriormente acudió a la Oficina Regional de Arecibo, donde supuestamente la amenazó con removerla del cargo.

El documento relata otros intercambios ocurridos en junio y julio de 2025. García Sostre sostiene que la secretaria la acusó sin fundamento de mentir, organizar empleados para presentar una queja en La Fortaleza y visitar al alcalde de Utuado. También afirma que Roig Fuertes le aseguró que tenía mayor influencia institucional y podía destituirla cuando quisiera.

La demandante alega que el ambiente laboral afectó su salud emocional y la llevó a buscar ayuda psicológica. El 1 de julio de 2025 presentó una querella contra Pérez Molinari por un supuesto esquema de persecución que, según el escrito, incluía tomarle fotografías sin autorización, enviarlas a la secretaria y divulgar comentarios sobre su orientación sexual.

De acuerdo con la demanda, Pérez Molinari habría difundido entre empleados comentarios y rumores sobre la vida privada y la orientación sexual real o percibida de García Sostre, además de referirse a ella despectivamente como una persona “rara”. La demandante sostiene que, al presentar evidencia de esa conducta ante Roig Fuertes, la secretaria ignoró sus reclamos y transfirió funciones a la subdirectora.

En enero de 2026, el nivel central del Departamento de la Familia contestó la querella. García Sostre afirma que la investigación fue deficiente porque no entrevistó a sus testigos y terminó señalándola a ella como la supuesta hostigadora, pese a que había sometido evidencia de llamadas y mensajes.

Alegada suplantación de identidad

La demanda también describe una controversia relacionada con una llamada realizada el 19 de febrero de 2026 al Tribunal de Utuado. Según el escrito, una persona que se identificó como García Sostre informó que un abogado del Departamento de la Familia intentaba comunicarse indebidamente con un juez.

García Sostre niega haber efectuado la llamada. Un día después fue notificada de una resolución bajo apercibimiento de arresto por desacato y presentó una querella ante la Policía en Arecibo por alegada suplantación de identidad.

La demandante sostiene que solicitó a Roig Fuertes y al encargado de sistemas del Departamento una investigación de los registros telefónicos, pero que su petición fue ignorada y el incidente fue catalogado como un “chisme”. Posteriormente presentó una moción urgente y una declaración jurada ante el Tribunal de Utuado para negar que hubiera realizado la llamada.

Según el pleito, la falsa imputación y la falta de una investigación diligente le provocaron temor, ansiedad, daño reputacional y angustia emocional.

Alegada agresión y vacaciones forzadas

Otro incidente central ocurrió el 7 de mayo de 2026. García Sostre alega que una empleada identificada como Dorhilmarie Molina Bruno la sujetó por la camisa, le causó rasguños en el cuello, la amenazó y bloqueó con su vehículo la salida del automóvil de la demandante.

El informe de incidente citado en la demanda identifica varios testigos y sostiene que una cámara instalada en el vehículo de García Sostre grabó parte de lo ocurrido. La demandante afirma que no respondió a las provocaciones ni agredió a Molina Bruno.

Sin embargo, según el escrito, funcionarios del Departamento informaron a La Fortaleza que García Sostre había provocado el altercado. Al día siguiente, un funcionario de La Fortaleza ordenó colocarla en vacaciones forzadas, presuntamente sin una investigación previa ni debido proceso.

Entrada a su oficina y remoción del cargo

Mientras García Sostre se encontraba en vacaciones forzadas, entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, Pérez Molinari y Martínez Ruiz habrían entrado sin autorización a su oficina con la aprobación de Roig Fuertes, según la demanda.

El escrito alega que cambiaron las cerraduras, destruyeron documentos oficiales y se apropiaron de objetos personales, entre ellos un reloj de pared y una extensión eléctrica. García Sostre presentó una segunda querella ante la Policía el 18 de mayo.

Según la demanda, Sofía Benítez admitió ante un agente haber coordinado la intervención de la oficina por instrucciones superiores. Al día siguiente, Benítez presuntamente informó a García Sostre que, por orden de Roig Fuertes, ya no era directora regional y debía abandonar las instalaciones bajo custodia de un guardia de seguridad.

La demandante describe el episodio como humillante, arbitrario y perjudicial para su reputación y salud emocional.

Retención de salario y beneficios

García Sostre también alega que el 22 de mayo de 2026 un pago emitido por el Departamento de Hacienda fue retirado de su cuenta bancaria sin notificación ni debido proceso.

El escrito sostiene que el Departamento de la Familia retuvo posteriormente su último cheque y no transfirió los balances acumulados de vacaciones y enfermedad a su nueva agencia de trabajo, el Departamento de la Vivienda.

Según la demanda, funcionarios de Recursos Humanos atribuyeron la retención a la supuesta desaparición de un “router” de su oficina. García Sostre rechaza esa imputación y asegura que fue utilizada como represalia, particularmente porque su oficina había sido intervenida por personal gerencial mientras ella estaba ausente.

Reclamaciones legales

La demandante sostiene que las actuaciones descritas constituyen conducta culposa, negligente, arbitraria, intencional y maliciosa. También invoca legislación relacionada con el acoso laboral, las represalias y los pleitos contra el Estado.

García Sostre aseñala que acudió a mediación conforme a la Ley 90-2020 sobre acoso laboral, pero que las partes señaladas no aceptaron participar.

El recurso reclama indemnización por angustias mentales, ansiedad, ataques de pánico, humillación, daño reputacional, menoscabo profesional, afectación de la intimidad, pérdida o retención de ingresos, gastos médicos y psicológicos, y otros daños económicos y emocionales.

La demanda solicita $150,000 al Estado Libre Asociado y al Departamento de la Familia. Además, reclama $300,000 a cada una de las cuatro funcionarias codemandadas —Roig Fuertes, Pérez Molinari, Benítez Rodríguez y Martínez Ruiz— para un total solicitado de $1.35 millones, sin incluir otros remedios, gastos o partidas que el tribunal pudiera reconocer.