«La ahora exadministradora confirmó que la secretaria de la Familia la ‘presionó’ y ‘hostigó’ para firmar un contrato sobre el cual tenía reservas. Ante este escenario, Suzanne Roig no puede continuar al frente del Departamento de la Familia”, dijo el legislador.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, exigió hoy la renuncia inmediata de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ante los señalamientos relacionados con el proceso para otorgar un contrato de hasta $38 millones a la empresa NOLA Education LLC y la alegada presión ejercida sobre la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, para que suscribiera documentos relacionados con el proyecto Star Academy.

“Este escándalo es sumamente alarmante. Estamos hablando de hasta $38 millones en fondos federales TANF y de una administradora de ADSEF que dejó por escrito que la agencia que dirige no participó en la evaluación, selección ni adjudicación del proyecto. Además, hoy, la ahora exadministradora confirmó que la secretaria de la Familia la ‘presionó’ y ‘hostigó’ para firmar un contrato sobre el cual tenía reservas. Ante este escenario, Suzanne Roig no puede continuar al frente del Departamento de la Familia”, sostuvo Ferrer Santiago.

Según trascendió públicamente, NOLA Education LLC estuvo a punto de recibir un contrato de hasta $38 millones para implementar el programa Star Academy en 25 escuelas públicas y atender a cerca de 2,000 estudiantes. También trascendió que, desde mayo de 2025, existían cuestionamientos dentro del propio gobierno sobre la necesidad del programa, luego de que el Departamento de Educación concluyera inicialmente que muchos de los servicios propuestos ya formaban parte del currículo académico existente.

De acuerdo con la información publicada, Medina Díaz envió el 20 de mayo de 2026 una comunicación a Roig Fuertes en la que dejó constancia de que ADSEF no había participado en la evaluación de propuestas, la selección de compañías ni en la adjudicación del proyecto. Esta versión contrasta con expresiones realizadas previamente por la secretaria del Departamento de la Familia sobre la participación de la agencia en el proceso.

“Una cosa es que una agencia tenga que cumplir con un proceso administrativo y otra muy distinta es que una funcionaria sea presionada para poner su firma sobre un contrato que genera cuestionamientos. La firma de un funcionario no puede utilizarse para darle apariencia de legitimidad a un proceso que ya tenía reservas internas”, afirmó Ferrer.

El portavoz del PPD también cuestionó el momento en que se desarrolló el proceso y la utilización propuesta de fondos TANF, particularmente ante las dudas que surgieron sobre la elegibilidad de distintos componentes del proyecto.

“Es necesario explicar por qué el proceso avanzó hasta el punto de seleccionar y notificar la adjudicación a una compañía antes de tener completamente aclarada la elegibilidad de los distintos componentes del proyecto bajo TANF. Esa secuencia de hechos merece una explicación pública”, sostuvo Ferrer Santiago.

El legislador enfatizó que la posterior cancelación del proceso no elimina la necesidad de investigar las decisiones que se tomaron mientras el proyecto continuaba avanzando.

“Que quede claro: cancelar el contrato no borra lo que ocurrió antes. Hay que determinar quién tomó las decisiones, quién autorizó que el proceso continuara pese a las reservas existentes, cuál fue el papel real de ADSEF y, sobre todo, si la administradora fue presionada por la secretaria para firmar documentos que no estaba dispuesta a suscribir. Si eso ocurrió, estamos ante un asunto que trasciende una diferencia administrativa y que requiere consecuencias”, expresó.

“Ante todo lo que ha salido a la luz pública, la secretaria Suzanne Roig debe asumir responsabilidad y presentar su renuncia. No podemos pasar por alto las contradicciones, las reservas que existían dentro del propio gobierno y, mucho menos, cualquier intento de presionar a una funcionaria para obtener su firma en un proceso de esta magnitud”, concluyó Ferrer Santiago.