Del total de migrantes, 58 eran ciudadanos de República Dominicana y 6 de Haití. Entre ellos había 4 mujeres y ningún menor.
Los arrestos ocurrieron el 13 de mayo, luego de una investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional junto a la Patrulla Fronteriza federal y agencias estatales, federales y locales/Cybernews.
El agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan, Yariel Ramos, anunció el martes el arresto de dos ciudadanos de República Dominicana acusados de operar una embarcación con 64 migrantes interceptados cerca de Puerto Real, en Cabo Rojo.
“Los viajes marítimos ilegales de contrabando son extremadamente peligrosos y ponen vidas en riesgo en el mar”, dijo Ramos en declaraciones escritas.
Los arrestos ocurrieron el 13 de mayo, luego de una investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional junto a la Patrulla Fronteriza federal y agencias estatales, federales y locales.
Según la investigación, Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza detectó una embarcación a unas 7.5 millas náuticas al noroeste de Cabo Rojo.
Las autoridades respondieron al área y realizaron operaciones coordinadas de interdicción y búsqueda, que resultaron en la detención de 64 personas sin estatus migratorio legal.
Del total de migrantes, 58 eran ciudadanos de República Dominicana y 6 de Haití. Entre ellos había 4 mujeres y ningún menor.
Investigadores identificaron como capitanes de la embarcación a Gil Antonio Febles Esteve y a Wilton Mejía Hernández.
Las autoridades federales determinaron que ambos tenían violaciones migratorias previas e historial de remoción de Estados Unidos.
Uno de los acusados había sido removido de Estados Unidos en 8 ocasiones y cumplió cerca de 16 meses en prisión federal por delitos migratorios anteriores.
El segundo acusado había sido removido de Estados Unidos en 2023 mediante un proceso expedito de remoción.
“Quienes opten por organizar o participar en estos viajes ilegales serán identificados y procesados. No se lancen al mar de manera ilegal; las consecuencias pueden ser mortales”, sostuvo Ramos.
Los acusados enfrentan cargos federales por ayudar o asistir a ciertos extranjeros a entrar a Estados Unidos, traer extranjeros y ayudar e instigar, y reingreso ilegal tras remoción luego de una convicción por delito grave.
El caso fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional, Patrulla Fronteriza federal, Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza, Operaciones de Remoción, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, la Policía y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
El fiscal federal auxiliar especial Steven Liong Rodríguez procesa el caso.
Toda persona acusada se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.
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