Aseguró que llenará 200 plazas vacantes este año fiscal entre técnicos de trabajo social y trabajadores sociales aunque se han contratado 70 a esta fecha.

A menos de dos meses de culminar el año fiscal, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, dijo estar confiada en que se completará el proceso para reclutar 130 trabajadores sociales y técnicos de trabajo social cuando, en los primeros 10 meses del año solo se han contratado 70.

De esos 70, un total de 57 son trabajadores sociales.

Y sostuvo que durante el próximo año fiscal habrá $2.7 millones disponibles para contratar 100 más en cada categoría. El escenario de reclutamiento también contempla la renuncia o retiro de 50 trabajadores sociales.

“No hay problema en admitirlo, pero estamos proyectando que había dinero para 100 técnicos y para 100 trabajadores sociales, luego me dicen que de esos 200 solo hay 70 y ahora resulta que esos 70 suplen el espacio de 50 que se van”, dijo la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

“Por eso estamos en un reclutamiento constante de trabajadores sociales”, dijo Wilma Ortiz Rivera, administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan).

El salario base de un trabajador social es $2,850 con un diferencial de $570 mensual si trabaja en la unidad de investigaciones. Para los supervisores es $3,175 y un diferencial de $773 y en otra categoría más alta ganan $3,338 con un diferencial de $840.

“Contaríamos con un prespuesto adecuado para poder cumplir con las metas etablecidas”, dijo Roig Fuertes durante una vista de la Comisión de Hacienda del Senado en que se evaluó el presupuesto del departamento y administraciones. La funcionaria aseguró que la agencia terminará el año fiscal con un presupuesto balanceado.

El presupuesto consolidado de Familia para el próximo año fiscal alcanzaría $3,825 millones. De esa cifra, $416 millones son fondos estatales. La reducción mayor entre las administraciones corresponde a la Administración de Familias y Niños, que recibirá $12 millones, aunque la senadora independentista María de Lourdes Santiago hizo notar que el vigente fue $236 millones.

“Donde más se afecta es en la partida de adultos mayores. Es el baseline de $10 millones para pago de los hogares (de cuidado prolongado)”, sostuvo Roig Fuertes al asegurar que el dinero necesario realmente estaría, como ocurrió este año, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Específicamente, $32.5 millones para el pago de hogares y $300,000 para el servicio de ama de llaves.

En efecto, Adfan tendría bajo la custodia de OGP $35.5 millones. La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) tendrá $1.8 millones bajo la OGP, la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden) otros $11.5 millones para cuido de menores a familias que no cualifican para otras ayudas financiadas con fondos federales y Asume tendría $7 millones.

“No existen grandes diferencias”, dijo Roig Fuertes al comparar el presupuesto vigente y el recomendado. “Por el contrario las prioridades establecidas en el plan de gobierno… se encuentran cubiertas entre fondos estales y federales y partidas bajo custodia de la OGP”.

“Nos sentimos muy satisfechos con el presupesto presentado por la gobernadora”, insistió.

Referidos

Roig Fuertes indicó que en el año natural 2025 se recibieron 1,038 referidos por explotación financiera de adultos mayores de diversas fuentes como instituciones bancarias, cooperativas, la Procuradora de las Mujeres y la Policía. Este año van por 366 referidos de este tema.

La Secretaria sostuvo que su administración “heredó” 12,000 referidos, o sea, la fase inicial que podría culminar en un caso fundamentado. De esa cifra de “heredados” falta por determinarse si hay fundamento en el 4% de los casos.

“Lo han hecho con espectacular diligencia”, dijo Roig Fuertes al referirse al personal de Adfan.

Este año fiscal Familia ha recibido 29,472 referidos y el 85% han sido investigados, dejando todavía bajo investigación activa para determinar si se fundamentan o no un total de 5,278.

De los casos ya invesigados, el 25% o 5,955 se convirtieron en casos activos, que entonces pasan a las regiones de Familia. Otra cifra, 3,733 ya están recibiendo servicios y el resto caen bajo la categoría de “zona vacante”, dijo Ortiz Rivera al asegurar que se trata de casos donde se conoce que no hay peligro inminente. Por ejemplo, negligencia por ausencias repetidas a las escuelas.

“Son negligencias menores”, dijo Roig Fuertes.

Dentro de la “zona vacante” no puede haber casos de menores entre los 0 y los 3 años o alegaciones de abuso sexual.

Se supone que, desde el momento en que se recibe el referido hasta que se determina si tienen fundamento o no, no pasen más de 30 días. Dos empresas han sido contratadas para atender casos: PIES y Professional Consulting.