Trascendió que la Administración de Servicios Médicos tiene una deuda con el desaparecido Banco Gubernamental del Fomento (BGF) que incluye intereses anuales de $25 millones que han elevado la deuda de $282 millones a $500 millones. No se está pagando ni el principal ni los intereses.

El presupuesto del Departamento de Salud para el próximo año fiscal contempla reducciones en las partidas para residencias médicas y el reclutamiento necesario para habilitar camas en el Hospital Pediátrico y el Hospital Universitario de Adulto.

Sin embargo, el secretario Víctor Ramos Otero aseguró que el dinero va a aparecer.

El déficit en el primer renglón es de $5.8 millones y el segundo de $17.6 millones. “Hemos mantenido comunicación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ya que tenemos las siguientes necesidades al descubierto”, lee el texto del memorial.

Sin embargo, a preguntas en una vista de la Comisión de Hacienda del Senado, Ramos Otero, sostuvo que ese dinero estaría en manos de OGP.

“Las residencias sí”, sostuvo Ramos Otero al asegurar que tendrá acceso al dinero. “En las camas en el Pediátrico depende de que tenga las enfermeras”.

El mismo escenario se repite en la Administración de Servicios Médicos (ASEM). En su ponencia se indica que “detrás del aparente equilibrio presupuestario”, la propuesta incluye “reducciones críticas” en servicios profesionales ($4.8 millones) y contratos para servicios médicos ($1.8 millones).

“Dentro de las conversaciones que hemos tenido con OGP es contemplando entre otras cosas el proyecto para la acreditación del nivel I del Hospital de Trauma requiere un personal médico que hay que reclutar. El acercamiento que hicimos a OGP es que contemplara ese escenario”, dijo el director ejecutivo Regino Colón Alsina al explicar que primero se tiene que reclutar el personal para luego alcanzar la certificación nivel I y de ahí la necesidad de tener el dinero disponible.

La reducción afectaría también una nueva unidad de derrames cerebrales que debe ser certificada.

“Son proyectos nuevos”, dijo Colón Alsina.

A pesar del lenguaje claro del memorial, Colón Alsina aseguró que no se verán afectados los servicios porque estos recortes fueron compensados en otras partidas.

“Este presupuesto no es final”, insistió Colón Alsina.

En la vista de ayer trascendió que ASEM tiene una deuda con el Banco Gubernamental del Fomento (BGF), a través de una línea de crédito, que incluye intereses anuales de $25 millones que han elevado la deuda total de $282 millones a $500 millones. No se está pagando ni el principal ni los intereses.

Se explicó que la cartera del BGF está bajo AAFAF y no se están haciendo gestiones de cobro.

El plan de mejores permanentes de la sombrilla de Salud asciende a $71.8 millones e incluye $294,000 para continuar con la construcción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de San Lorenzo y $5 millones para la implementación del un nuevo sistema de facturación en el Hospital Regional de Bayamón.

Salud incluye la administración del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Regional de Bayamón, los hogares de pacientes con discapacidades, los Centros de Diagnóstico y Tratamiento y otras funciones de la agencia.

Ramos Otero defendió ayer el presupuesto y señaló que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) los ha tratado “bastante bien” al comparar con otras dependencias gubernamentales. A preguntas de la senadora Migdalia Padilla, recalcó que la prioridad número uno del gobierno este año es asegurar los fondos de Medicaid y Medicare.

“Si no tenemos los fondos Medicaod habría que hacer un cambio radical”, dijo Ramos Otero.

En la audiencia el titular de Salud también reveló que se ha contrado a la empresa Rand para realizar un estudio sobre la viabilidad de un plan de sald universal. El mandato se había legislado hace más de 10 años y Ramos Otero sostuvo que la empresa ya le hizo un estudio similiar al estado de Oregon.

“Es un estudio importante para que se haga y está corriendo”, dijo al precisar que debe estar listo este año.

La partida de infraestructura incluye $31.5 millones para infraestructura tecnológica ligada con el programa Medicaid y necesaria para garantizar el pareo.

En cuanto al CDT de San Lorenzo, el costo del proyecto asciende a $9.2 millones y se han aprobado $7.5 millones. El balance será solicitado en el año fiscal 2027-2028.

“Este proyecto beneficiará a miles de residentes”, dijo Ramos Otero al referirse a la nueva sala de emergencia.

Salud, de hecho, ha contratado, por requerimiento de la Junta, una empresa para realizar un estudio de viabilidad de un posible CDT en Ceiba. Este es el único municipio que no tiene una instalación de Salud.

Otro CDT pendiente es el de Vieques. Ramos Otero sostuvo que el martes sostuvo una reunión en la Administración de Servicios Generales (ASG) e indicó que la máquina de CT debe estar llegando el mes que viene. Actualmente la instalación está siendo amueblada con el equipo no médico, como sillas y mesas.

Salud administra los CDT de Vieques, Culebra, Loíza y Adjuntas. Si no logran que una entidad privada se encargue del ubicado en San Lorenzo, este se convertiría en el quinto. En total hay 130 CDT en la isla y la mayoría son administrados por proveedores privados o municipios. Un total de 16 operan gracias a subsidios del gobierno estatal.

Otra obra de infraestructura pendiente es la construcción del nuevo Laboratorio de Salud Pública, que opera actualmente en un edificio histórico en Arecibo. En el presupuesto próximo hay una asignación de $16.7 millones para cubrir la porción estatal correspondiente al proyecto de FEMA.

Otros $4.4 millones en el presupuesto van a cubrir la porción estatal correspondiente al proyecto de FEMA con que se construirá un nuevo CDT en Maunabo. Esta iniciativa cuenta con una inyección federal de $33 millones.

Salud paga $1.6 millones en renta a la Autoridad de Edificios públicos por acceso a 19 propiedades. La agencia tiene bajo su titularidad tres edificios en desuso en Guayama, Ponce y Arecibo.

El presupuesto vigente asciende a $1,316.4 millones, de los cuales $492.9 millones salen del Fondo General, $181.5 millones de Fondos Estatales Especiales y $642 millones de fondos federales.  La nómina durante el próximo año fiscal será de 3,576 empleados y será cubierta con $160 millones.

Salud enfrentará una reducción de $28 millones en la partida del Fondo General. Ramos Otero recordó que se trata de un patrón que se repite con múltiples dependencias gubernamentales y que, en su caso, afectará la nómina. Indicó que la agencia, como tantas otras, no ha podido utilizar la totalidad del dinero asignado para nómina por problemas con el reclutamiento, así que el dinero a ser reducido en esa partida estará bajo custodia de la OPG.

Esta situación también la enfrenta, por ejemplo, ASG, que también ha confrontado problemas con el reclutamiento, particularmente en el área de enfermeras de hospitales. Ramos Otero, a preguntas de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, aseguró que el dinero estará disponible en OGP si así lo necesitan.

“Si consigo las enfermeras lo liberan”, dijo Ramos Otero, que también fue cuestionado sobre el tema por el senador popular José Luis Dalmau Santiago.

“No hay un análisis honesto de que el problema es que no podemos reclutar porque no hay para darles mejores salarios. Hay un terror absoluto para reconocer ciertos niveles de precariedad y nos quedamos con la nómina reservada para salario que sabemos son insuficientes”, comentó María de Lourdes Santiago.

Ramos Otero le recordó que Salud y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) son las entidades que mejor pagan en Puerto Rico.

 “El problema que tenemos es un ambiente retante trabajar en ASEM con pacientes supraterciarios, aparte de que (el personal) se va para Estados Unidos. Hay opciones con menos estrés”, dijo el Secretario.

Deuda con el gobierno

Salud arrastra con una deuda de $11.9 millones de más de 10 años con dependencias del gobierno como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, LUMA y PRITS. La agencia ha solicitado a la OPG una transferencia para saldar la deuda de la AAA, pero Ramos Otero no la precisó en la vista pública de ayer.

“Son deudas de años anteriores, de muchos años anteriores. Tenemos el presupesto para pagar la vigente (deuda), pero había algunas que estaban por muchos años sin cubrir”, dijo Ramos Otero.