Hacienda tiene 48 horas a partir de hoy para cumplir con la orden.

La jueza Iris Cancio González ha declarado no ha lugar la moción de reconsideración presentada por el Departamento de Hacienda y ha ordenado a la agencia entregar al Senado los documentos solicitados en relación al caso en que la figura central es el contratista gubernamental Antonio Sagardía.

Hacienda tiene 48 horas a partir de hoy para cumplir con la orden.

El Senado, y así lo recalcó su representación legal en una vista judicial la semana pasada, únicamente quiere saber si Sagardía ha radicado o no ante Hacienda informativas sobre retenciones realizadas a personal que pudo haber trabajado en su nombre para cumplir con ciertos contratos gubernamentales.

Sagardía tiene contratos con los departamentos de Educación, Hacienda y Familia, además de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. En algunos contratos se han incluido cláusulas que no le permiten subcontratar a menos que la dependencia lo autorice.

Hacienda reclamó que la petición del Senado no es razonable porque pretender obtener información de carácter confidencial, además de que vulnera los derechos de terceros, entiéndase posibles abogados que hayan trabajado en casos otorgados al también exsecretario de Justicia.

“No le asiste la razón”, indicó la jueza al señalar que el Senado no pide información protegida ni datos que revelen los ingresos de Sagardía.

“La información solicitada en este caso se limita a conocer si Sagardía preparó formulario W-2 o 480 y, de contestarse en la afirmativa, a identificar a nombre de quien se expidieron”, lee la resolución.

“La petición no requiere el contenido de dichos formularios ni solicita dato personal o económico alguno de Sagardía o de los empleados o contratistas de este que pueda generar una expectativa de intimidad constitucionalmente protegida”, añadió la magistrada.

La jueza concluyó que el Senado posee un interés legítimo en requerir documentos de esta índole “con el fin de fiscalizar la utilización de fondos públicos”. Agregó que la información solicitada no es de un ciudadano privado “sino de un contratista gubernamental sujeto a la supervisión de la Rama Legislativa”.