Una resolución detalla cómo ha impuesto arbitrariamente una lista de 50 requisitos no estipulados por la Ley PROMESA.

Thomas Rivera Schatz anunció la radicación de la Resolución del Senado 236 que expresa el rechazo del Senado a la permanencia arbitraria de la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) en Puerto Rico, por haber excedido claramente los términos establecidos en la Ley PROMESA y reclama acción inmediata por parte del Congreso y del Presidente de Estados Unidos para lograr su pronta disolución.

“La Junta de Supervisión Fiscal fue creada como un ente transitorio para estabilizar las finanzas de Puerto Rico, no para convertirse en un gobierno permanente, ni mucho menos imponer condiciones que exceden los límites claramente establecidos en la Ley PROMESA. Su permanencia se ha convertido en un obstáculo mas que en una solución”, expresó Rivera Schatz.

La resolución detalla cómo la Junta ha impuesto arbitrariamente una lista de 50 requisitos, no estipulados por la Ley PROMESA, como condición para su disolución. Además, resalta el fracaso de la Junta en resolver aspectos fundamentales como la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA), lo que continúa afectando negativamente a Puerto Rico.

“La Junta ha fracasado estrepitosamente en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA). A pesar de los recursos y el tiempo disponible, este problema sigue sin resolverse, obstaculizando nuestro desarrollo y afectando directamente nuestra recuperación económica”, añadió el Presidente del Senado.

“Ya hemos reducido sustancialmente nuestra deuda, reestructurado con éxito gran parte de nuestras obligaciones financieras y restablecido la confianza en los mercados. Esto lo logramos con disciplina fiscal desde nuestra Asamblea Legislativa y nuestro Gobierno estatal, no gracias a la Junta. Continuar con este ente no solo representa una carga financiera adicional sino también una afrenta a la democracia y autonomía política del pueblo puertorriqueño”, enfatizó Rivera Schatz.

La resolución será remitida formalmente a la Casa Blanca, al Congreso y Senado de los Estados Unidos, al Government Accountability Office (GAO) y al Departamento de Justicia federal, solicitando una respuesta inmediata y concreta ante este reclamo justo y legítimo del Senado de Puerto Rico.