CODEPOLA había demandado por difamación a un grupo comunitario del área sur que se opone a la construcción del polígono en Salinas y que pide acción al DRNA por violaciones ambientales en el lugar.

El Tribunal de Primera Instancia en Guayama desestimó una demanda por difamación que presentó la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA) contra Acción Social y Protección Ambiental Inc. (ASPA) y otros, como parte de la oposición que este último grupo mantiene contra el proyecto de polígono de tiro que mantiene la corporación que encabeza el armero Ariel Torres Meléndez.

La acción estaba pendiente desde enero de 2022 y en el caso surgió una reconvención que presentó ASPA para que el tribunal ordenara la paralización de las obras y prohibiera la continuación de las mismas bajo el argumento de que el terreno estaba afectado por condiciones restrictivas en equidad que impedían el proyecto del polígono.

La semana pasada, el juez superior Harry E. Rodríguez Guevara desestimó la demanda de difamación que pesaba contra ASPA, pero también se negó a conceder la sentencia sumaria que estos pidieron en su reclamo de que se prohíba seguir con el proyecto. Esto porque encontró que había asuntos de credibilidad que no permitían disponer de esa controversia de manera sumaria. Específicamente, que hubo y hay otros proyectos comerciales en la zona para los que ASPA no presentó oposición. De esta manera, muere la controversia sobre la difamación, pero se mantiene abierta, pero debilitada, la solicitud de paralización de obras.

Según los documentos en el caso, el proyecto del polígono está detenido, pero no por alguna prohibición de ley. La controversia sobre el mismo se remonta a cuando estaba vigente la orden de emergencia por la pandemia y los vecinos denunciaron con fotos que, a la vez que se removía terreno en el lugar, la Guardia Nacional (GN) estaba depositando neumáticos ilegalmente. El entonces ayudante general de la GN, José Reyes, admitió que estaban depositando el material allí para la construcción del polígono y que la acción estaba autorizada por un funcionario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que no identificó. Añadió que, por la denuncia pública y porque los permisos del polígono no estaban completados, decidieron retirar las gomas del lugar ubicado en Ranchos Guayama, Salinas.

ASPA denunció ese depósito ilegal, llamó “asesino ambiental, criminal ambiental y destructor del acuífero de Salinas”, al presidente de CODEPOLA, el armero y cabildero Ariel Torres Meléndez. Entre los hechos que el tribunal consideró están que CODEPOLA y Torres Meléndez comenzaron el desarrollo del polígono, pero ahora es solo Torres Meléndez el proponente. También que hubo limpieza de corteza y movimiento de terreno sin tener permisos y que hay un proceso de querella pendiente en el DRNA por estas violaciones.

De hecho, ASPA hizo protesta recientemente en el edificio del DRNA porque esa agencia no ha actuado para imponer multas y plan de mitigación y restauración en este caso. La organización atribuye la inacción a la influencia del subsecretario, el vigilante Nelson Torres Cruz quien, como senador, colaboro con Torres Meléndez en legislación sobre armas.

“Entendemos que las expresiones hechas por los Demandados estaban basadas y sustentadas por documentos públicos oficiales, contenido de radio y expresiones de funcionarios públicos. Por consiguiente, no podemos aceptar el argumento de los Demandantes en cuanto a que las expresiones le faltaban a la verdad y que esto debía ser de conocimiento de los Demandados”, dijo el juez.

“En segundo lugar, encontramos que, en las expresiones hechas por los Demandados, en específico el llamarles ‘asesinos ambientales’, ‘criminales ambientales’ y ‘asesinos del acuífero de Salinas’, se está haciendo el uso de la hipérbole retórica… Son expresiones caricaturescas basadas en la información disponible, que no han sido hechas con la intención de que se tomen como veraces de su faz”, añadió al desestimar la acción.

Por otro lado, al rechazar la petición de emitir una paralización sumaria contra el proyecto, el juez resaltó que había surgido prueba de que en la misma comunidad donde se pretender hacer el polígono se registraron proyectos de cultivo de cannabis y una finca de crianza de conejos, a los que ASPA parece no haberse opuesto. Además, uno de los opositores al polígono mantiene un contrato para alquilar su propiedad a una empresa para mantener enclavada una antena de telecomunicaciones celulares.

“Entendemos que la parte Demandada está presentando argumentos contradictorios dependiendo del proyecto al que se hace referencia o a la parte que se beneficia del mismo”, observó el juez.

En un video difundido en redes sociales poco antes de la desestimación del caso de difamación, Torres Meléndez llamó “trulla de payasos” a ASPA y lanzó epítetos homofóbicos contra su presidente, José Cora.

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