La reincorporación de Puerto Rico al programa federal ocurre luego de haber sido excluido en 2018 por fallas administrativas relacionadas a auditorías, reportes financieros y controles internos.

La gobernadora, Jenniffer González Colón, junto al fiscal federal W. Stephen Muldrow y el comisionado de la Policía, Joseph González, anunció el viernes que el Negociado de la Policía será elegible para recibir 27.3 millones de dólares del Programa de Distribución Equitativa del Departamento de Justicia federal.

“La confiscación de los productos e instrumentalidades del crimen pone el dinero a trabajar para bien: ayudando a las víctimas de delitos, financiando programas comunitarios y proveyendo recursos para promover la seguridad pública”, expresó Muldrow en conferencia de prensa.

La reincorporación de Puerto Rico al programa federal ocurre luego de haber sido excluido en 2018 por fallas administrativas relacionadas a auditorías, reportes financieros y controles internos, según explicó la gobernadora.

“Hoy, me enorgullece decir que todas esas deficiencias han sido corregidas. Esta reincorporación representa un gran logro. Volvemos a ser elegibles tras casi siete años, con una respuesta diligente y proactiva por parte de la Policía”, afirmó González Colón.

El comisionado de la Policía, Joseph González, sostuvo que los fondos permitirán mejorar significativamente los recursos de la uniformada. “Estos fondos nos permitirán aumentar significativamente estos recursos, brindándonos las herramientas necesarias para proteger a la población de Puerto Rico de la manera más eficaz y segura posible”, declaró.

El Negociado de la Policía ya ha recibido 2.6 millones de dólares, mientras el restante está pendiente de desembolso. Otras agencias locales como el Negociado de Investigaciones Especiales, la Guardia Nacional y las policías municipales de San Juan y Ponce también han recibido o están en proceso de recibir fondos a través del programa.

La distribución equitativa federal permite que agencias estatales y municipales que participen en operaciones conjuntas de decomisos reciban parte del dinero confiscado, que deberá ser utilizado para complementar recursos y fortalecer la seguridad pública.

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