Por otro lado, la candidata al Senado por el PPD, Migdalia González, radicó otra demanda sobre recuento de la carrera en el distrito de Mayagüez.

El juez superior Raúl Candelario López dejó a Proyecto Dignidad (PD) con un pie fuera de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al concluir que ese organismo solo actuó prematuramente al notificar el cierre de la oficina del comisionado electoral de la colectividad, en vez de encontrar, como alegó el partido, que es inconstitucional la forma en que el Código Electoral reparte el poder entre los partidos en la CEE.

Candelario López emitió sentencia el miércoles en una demanda que el comisionado electoral de PD, Juan M. Frontera Suau, sometió el 30 de diciembre después de recibir aviso de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, el 27 de diciembre de que su oficina cerraría el 13 de enero y que sus empleados quedarían cesanteados efectivo el 31 de diciembre. Esto, por una interpretación de la CEE de que el Código Electoral solo tiene cabida para un máximo de tres comisionados electorales, de los partidos que conservaron su franquicia en las elecciones generales previas. PD mantuvo su franquicia, pero quedó en cuarto lugar de entre los partidos que la retuvieron.

La determinación de Padilla Rivera afectó a nueve empleados de PD en las Juntas de Inscripción Permanente, tres en la Oficina del Comisionado y dos en la Junta de Voto Ausente y Adelantado.

El planteamiento de PD al tribunal fue que el esquema de distribución de poder en la CEE y limitación de la representación de partidos es inconstitucional y que, aún de determinarse que es constitucional, el código provee para que el comisionado se quede hasta el 30 de junio del año siguiente a las elecciones.

En su sentencia, Candelario López dijo que no tenía que entrar en argumentos constitucionales porque Padilla Rivera había actuado prematuramente ya que su notificación a PD debió ocurrir 10 días después de la certificación final de la elección, y no antes. Es decir, que no lo puede botar ahora, pero lo puede botar pronto.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) compareció a favor de PD por entender que “constitucionalmente todos los partidos inscritos deben tener los mismos derechos.”, mientras que el Partido Nuevo Progresista (PNP) compareció en contra de PD con el argumento de que, aunque retuvo franquicia, no es un partido “principal”, como lo define el código que ese partido impuso en 2020 y que había que traer al pleito a la Junta de Supervisión Fiscal porque dejar a PD implicaría cambios en la estructura y presupuesto de la CEE y posible incumplimiento con su plan fiscal.

El Partido Popular Democrático (PPD) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) no comparecieron. Este último fue el único partido que perdió su franquicia de los que concursó en las elecciones generales.

Por otro lado, la vicepresidenta del PPD, y candidata a revalidar como senadora por Mayagüez, Migdalia González Arroyo, retiró el miércoles la demanda que había sometido el 2 de enero para obligar a la CEE a realizar un recuento. Esto, porque su candidatura quedó a solo 77 votos de diferencia de la contrincante del PNP que salió electa, Karen Román Rodríguez.

Pero radicó una demanda nueva con el mismo reclamo y con alegación adicional de que hay por lo menos 240 papeletas de voto adelantado en la modalidad de domicilio que no fueron adjudicadas antes de que la elección fuera certificada.

*Editada para añadir datos de la demanda nueva de Migdalia González Arroyo.

Vea:

Impugnación de elección de Eliezer Molina entre puñado de demandas que dejó el escrutinio