La CASP no cuenta con personal suficiente para atender 13,818 casos activos. Entre ese universo, hay 82 casos pendientes del Negociado de Cuerpo de Bomberos.

La controversia y los casos referidos a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) por parte del varios empleados del Cuerpo de Bomberos que han denunciado que se han otorgado ascensos desde el 2023 sin una evidencia que respalde dicho ascenso, así como los pasos por méritos que se llevaron a cabo para justificar el cambio de plazas internas, se resuelven a cuenta gotas por falta de personal en la CASP.

Actualmente hay 82 casos pendientes de parte del Negociado de Cuerpo de Bomberos donde 69 están activos y solo 13 han sido cerrados.

Sin embargo, este es solo una parte del universo de casos pendientes que tiene la CASP a su disposición resolver.

Actualmente hay un total de 13,818 casos activos que se dividen en:

Los datos fueron revelados por el presidente de la CASP, Laudelino F. Mulero Clas, en una vista pública de la Comisión cameral de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología que preside el representante Luis R. “Narmito” Ortiz Lugo.

La CASP atiende las reclamaciones laborales de empleados del sector público tanto por la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Ley 8), así como para los que pertenecen a unidades apropiadas certificadas por la CASP y negocian convenios colectivos al amparo de la Ley de Relaciones de Trabajo del Servicio Público (Ley 45).

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La Comisión es además el organismo apelativo del sistema de Administración de Personal Municipal de conformidad con el Código Municipal en Puerto Rico.

Ortiz Lugo lleva desde el pasado 3 de abril investigando las denuncias por parte de los bomberos.

Ya se han celebrado tres vistas públicas y dos ejecutivas para conocer el procedimiento que se lleva a cabo en la selección de nombramientos en el Cuerpo de Bomberos.

En las pasadas vistas públicas, se denunció que el Negociado de Cuerpo de Bomberos, que está bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP) realizó 104 ascensos aproximadamente en el 2023 que fueron plazas que ya tenían nombre y apellido.

El DSP enfrenta varias demandas en su contra por estas acciones. Unas se están evaluando a nivel estatal y otras a nivel federal.

Las demandas son por derecho a la libertad de expresión, discrimen político, persecución política, entre otros planteamientos.

Mulero Clas explicó en la vista que el personal para acelerar los casos es mínimo.

“El personal de la Comisión para atender estos casos son ocho oficiales examinadores, seis árbitros de carrera y cuatro árbitros contratados para los casos de clasificación y retribución …para la División de Investigación hasta los otros días teníamos hasta dos investigadores pero ya pudimos contratar dos más…”, expresó el presidente de CASP.

“Entre los oficinas examinadores hay que recalcar que son los seis comisionados asociados, la directora legal y un oficial examinador …eso es todo el personal que tenemos”, añadió.

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“¿Usted cree que si se hiciera una asignación para el personal adecuado, se podría atender los casos mejor? ¿Cuál es el personal óptimo que necesita la Comisión para poder funcionar bien?”, preguntó la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.

“El presupuesto actual para el año fiscal 2024-2025 es de $2.8 millones de los cuales $2.3 millones es para nómina…Todos los años necesitamos personal. Ahora, ¿cuál es el personal ideal? Si yo me dejo llevar por la cantidad de casos, nosotros sacando números basado en las estadísticas…necesitaría 60 examinadores y 74 arbitraje para tener 100 y pico de casos por personas”, sostuvo.

El presidente de la CASP detalló que con los años que lleva en la agencia, nunca se ha contado con la cantidad ideal de personal.

“Hemos buscado las formas de atender estos casos con la mayor celeridad que se puede dentro de lo que tenemos y llevamos haciéndolo utilizando tecnología porque no tenemos las herramientas económicas para contratar más personal”, indicó.

Cuando comenzó este cuatrienio el CASP solo tenía 3,000 casos por resolver.

“Estamos hablando aquí que jamás se cumple con el estatuto de la ley”, reaccionó Ortiz Lugo.

“Es bien difícil…”, respondió Mulero Clas.

Otro tema que destacó el presidente de la CASP es que los casos se atienden “por orden de llegada”.

“Los casos es por orden de llegada. Ahora bien, ¿qué me cambia el orden de llegada? La materia, como medidas disciplinarias de destitución, pues se atienden un poco antes y el resto es básicamente, orden de llegada”, puntualizó.

Uno de los casos que ya está bajo la consideración del tribunal federal, es el del capitán de bomberos, Melvin Torres Padilla, quien había asegurado en la pasada vista a NotiCel que las agencias que se les refirió el caso nunca accionaron de inmediato.

“Se hicieron las impugnaciones correspondientes a las agencias pertinentes y ninguna hizo nada.Por eso, acudimos a la Comisión de Seguridad para que entablaran una investigación…”, destacó.

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Torres Padilla, que lleva 27 años en el Negociado de Bomberos, a preguntas de NotiCel también sostuvo que luego de solicitar que se realizara una investigación al DSP por las irregularidades con relación a los ascensos, ha sido víctima de persecución.

“Ese es mi caso y el caso de mi compañero Eulando Piñero ( quien es sargento en el Negociado). Hemos sido víctimas de persecución de esta administración. He sido trasladado cada vez que levanto mi voz y he sido perseguido…”, aceptó.

“A mi se me trasladó arbitrariamente de un lugar a otro de trabajo simplemente por situaciones que están envueltas en este asunto y en mi caso, soy la persona que tuvo que presentar una demanda en el tribunal federal que se está atendiendo…”, apuntó Piñero.

Ortiz Lugo dijo al finalizar al audiencia pública, que ya se realizó un informe parcial de los hallazgos durante las vistas públicas y que pronto estará emitiendo su informe final a la Cámara de Representantes.

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