El tribunal determinó que la agencia no probó que el alcalde de Coamo hubiera violentado la Ley de Ética al contratar al padre de una de sus ayudantes.

El Tribunal de Apelaciones revocó una multa de $7,500 que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) había impuesto al alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, por un contrato que otorgó al padre de una de sus ayudantes.

La OEG concluyó que García Padilla había violentado la disposición que prohíbe otorgar contratos a un pariente de un servidor público “que comparta la residencia de este último tenga o haya tenido, directa o indirectamente, un interés pecuniario durante los últimos dos años anteriores a su nombramiento”.

Los hechos se refieren a un contrato de poco más de medio tiempo, pagado bajo la tasa de salario mínimo, a Ángel Negrón Reyes, padre de la ayudante del alcalde, Zoraida Reyes Díaz, para que repartiera por el pueblo mascarillas y otros artículos sanitarios durante la pandemia del covid 19.

Con varias renovaciones, el contrato duró unos ocho meses y le generaron a Negrón Reyes $974 mensuales.

Al imponer la multa, la OEG dijo que había un “evidente interés pecuniario”, pero el tribunal subrayó que nunca presentaron prueba de esto.

“[E]n nuestra apreciación del expediente propio y los documentos que obran en autos, concluimos que la OEG no probó los elementos del artículo en cuestión. Entendemos que, más allá de señalar la relación de parentesco, la agencia recurrida debió pasar prueba sobre el interés pecuniario durante los dos años anteriores al otorgamiento de los contratos… el artículo que aquí nos ocupa, requiere que la OEG evalúe qué posibles relaciones, dos años antes al nombramiento del empleado o su pariente, puede representar un interés pecuniario para este”, concluyó el panel de jueces apelativos compuesto por Ivelisse Domínguez Irizarry, Waleska Aldebol Mora y Alberto Pérez Ocasio.

En 2021, cuando se conoció la intención de la OEG de multarlo en $60,000 por estos hechos, García Padilla sostuvo que su ayudante no tuvo nada que ver en la contratación del padre y se quejó de que la OEG asignara recursos a un contrato de salario mínimo, pero no a los alcaldes involucrados en la redada de corrupción que provocó el convicto contratista Oscar Santamaría Torres.

“[L]amentablemente no ven los de millones, pero ven los de $7.25 por cinco horas”, dijo a la prensa.

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