Una vista que estaba programada para el martes no se realizó porque los suegros de la comisionada residente no cumplieron con términos para entregar la evidencia que dijeron tener para probar la legalidad de trabajos en su caseta en La Parguera.

Los suegros de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, incumplieron con el plazo para entregar la evidencia que dijeron tener sobre la legalidad de la construcción que realizaron en su caseta en La Parguera y por la cual el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) pretende multarlos por $25,000.

La oficial examinadora María V. Ortega Ramírez, quien atiende la vista administrativa sobre la multa, advirtió ayer en una notificación que impondría sanciones a aquella parte que en un término improrrogable de 10 días no cumpla con el proceso de descubrimiento de prueba. En la misma notificación, se da cuenta que la única parte que no ha cumplido son los querellados, el matrimonio de José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, padres del esposo de la comisionada, José Vargas Llavona.

En la notificación se indica también que el DRNA ya había entregado la evidencia que tenían al matrimonio y que le habían emitido interrogatorios, solicitud de producción de documentos y requerimiento de admisiones para mantener el movimiento del caso.

La oficial examinadora dio hasta el 19 de diciembre para que se entregue un informe conjunto y fijó una conferencia con antelación a vista para el 20 de diciembre. Esto proyecta la vista en su fondo para principios del 2024.

El DRNA emitió su querella y aviso de multa por $25,000 el 1 de agosto pasado, después de meses de anticipación que se iniciaron cuando la comunidad se querelló que en una caseta de La Parguera relacionada con la comisionada se realizaban construcciones ilegales. Hay decenas de casetas en La Parguera con un status legal controvertible ya que se le reconoce a sus ocupantes la facultad de ocupar un área pero no se deben hacer ampliaciones o construcciones en las estructuras.

En el caso del matrimonio Vargas Llavona, habrían construido ilegalmente una terraza, incluyendo hincar 30 pilotes de cemento, y habrían destruido ilegalmente mangle. En un escrito ante el DRNA, el matrimonio rechazó haber destruido y que, si se encontró mangle dañado, habrían sido terceros. También admitieron que su caseta podría estar ubicada en bienes de dominio público.

Para el primer señalamiento de vista en septiembre pasado, el abogado del matrimonio, Miguel Torres, pidió espacio para finalizar evidencia pericial que podrían presentar en su defensa, que fue la que, según la notificación de la oficial examinadora, todavía no han presentado.

En su comparecencia escrita, el matrimonio también argumentó que en el proceso del DRNA “han intervenido terceros que han creado presiones indebidas y han sido selectivos”. A esto se añade que González Colón ha tildado a la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, de politiquera por entender que el proceso contra sus suegros está directamente ligado con su reto primarista al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista.

Vea:

Suegros de Comisionada admiten su propiedad en Parguera “puede estar” en área de dominio público