Se inició ayer un proceso administrativo contra el principal funcionario de ADEA.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) identificó deficiencias de índole fiscal y administrativo en expedientes relacionados a la otorgación de subsidios agrícolas otorgados por el Departamento de Agricultura, a través de la Administración de Desarrollo Agropecuario (ADEA), como parte de un examen realizado a dicha agencia.

Del examen realizado a 736 transacciones de pago de subsidio salarial a 92 agricultores en la región de Utuado, se encontró que ADEA no mantiene un control adecuado de los documentos de pagos a los agricultores, lo cual ocasionó que documentos que sustenten los desembolsos efectuados o por efectuar no fueran localizados para el examen de los auditores.

Además, se reflejó la ausencia de informes de contabilidad y deficiencias en los desembolsos efectuados y en completar los formularios para la otorgación del subsidio.

De acuerdo con la muestra evaluada, ADEA realizó desembolsos a 92 agricultores para los años fiscales 2017-18 y 2018-19, correspondientes al pago del subsidio salarial agrícola por hora o por producción. Estos se realizaron en 538 ocasiones y fueron ascendentes a $943,720.29. En 149 de tales transacciones, la OIG validó que se había pagado a los agricultores un total de $233,599.04, sin tener en los expedientes los documentos requeridos para la elegibilidad del subsidio.

Mientras, en otras 19 instancias no se había pagado el subsidio salarial solicitado por los agricultores por $30,835.92 para los años fiscales 2017-18 y 2018-19. ADEA no indicó por qué no se habían emitido estos desembolsos de subsidio salarial.

En otras 71 instancias, les fue pagado a agricultores de la Región de Utuado el subsidio salarial por $128,542.36. De estos pagos la ADEA no suministró los documentos que los sustentan para verificar si fueron realizados correctamente.

Luego de varias comunicaciones con la ADEA e intentos infructuosos para que proveyera lo documentos que faltaban, el 30 de septiembre de 2022, la OIG emitió una Orden para Mostrar Causa, Producción de Documentos y Certificación de Información. Tras varios incidentes procesales, comunicaciones y reuniones con los funcionarios de ADEA, la OIG no recibió la presentación de la documentación requerida, ni de certificaciones negativas a los efectos de consignar las razones por las cuales los documentos no pudieron ser localizados o provistos.

Ante los hallazgos y las situaciones identificadas durante el examen, que incluye los incumplimientos con la entrega de información requerida, se realizó un referido interno al Área de Querellas e Investigación de la OIG, la cual determinó el inicio de un proceso en el foro administrativo mediante la presentación de querella, el 8 de agosto de 2023, contra el principal funcionario de ADEA.

El proceso adjudicativo se activó de conformidad a la Ley Núm. 15-2017, antes citada, y al Reglamento Núm. 9135 de la OIG.