La califican como “una ley inconstitucional llevada por medio de un proceso legislativo secreto”.

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU PR), Ewilliam Rodríguez, anunció el lunes su oposición al Proyecto del Senado 693 y lo catalogó como “una medida inconstitucional disfrazada de medida salubrista”.

“Además, la ACLUPR repudia el trabajo legislativo secreto por medio del cual se busca aprobar esta ley en el hemiciclo del Senado”, dijo Rodríguez en declaraciones escritas.

“El Proyecto del Senado 693, “Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad” busca restringir el derecho reproductivo de la mujer a 22 semanas. Es un proyecto de Ley que busca engañar al pueblo de Puerto Rico haciéndole creer que los fetos de 22 y 23 semanas son viables. Nuestra legislatura le quiere hacer creer al pueblo de Puerto Rico que el Tribunal Supremo de Estados Unidos les ha dado la potestad de restringir el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, el análisis constitucional es uno errado, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido claro y contundente al decir que el disfraz de una justificación médica basada en posturas personales y moralistas son inconstitucionales e ilegales, ya que crean una carga indebida sobre el derecho reproductivo de la mujer”, abundó Rodríguez.

Añadió que “este Proyecto de Ley también busca crear un Registro de Terminación de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad cuya existencia puede llevar a la persecución indebida de médicos en nuestro país y disuadiendo de esta forma la disponibilidad de profesionales de la salud que estén dispuestos a asistir a las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos de forma segura”.

Expresó que la ACLU PR también repudia “los procesos antidemocráticos”.

“Este Proyecto de Ley 693 es de alto interés público y no solo se quiere aprobar sin vistas públicas, sino que se quiere aprobar en secreto por medio de una vista ejecutiva de la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia. Nos parece descabellado que nuevamente se esté coartando el derecho participativo que enmarca la democracia y que está protegido por nuestra Constitución. El proceder del Senado, además, vulnera los derechos constitucionales de libertad de expresión, libertad de asociación y debido proceso de ley garantizados tanto por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como por la de Estados Unidos, en específico el mandato expreso del Artículo III sección 11 de la Constitución del ELA que provee que las sesiones legislativas serán públicas”, concluyó.