La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) tomó la decisión, en parte, al analizar sus posibilidades de éxito.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ), como representante de los jueces del país, retiró voluntariamente su apelación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), en parte después de evaluar sus posibilidades de éxito a la luz de determinaciones previas de la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain.

El abogado de la AJP, David C. Indiano, sometió la moción de desistimiento voluntario ayer, a menos de una semana de que sometiera el aviso de la apelación adelantando un argumento que habían hecho anteriormente, sin éxito, a la jueza Swain: que el sistema de retiro de los jueces es el único que tiene origen constitucional y que alterarlo sería un atentado contra la independencia judicial.

El documento radicado es la apelación, pero no es el alegato formal, que se radica después. Varios grupos, principalmente del magisterio, han sometido avisos de apelación y también la solicitud de que la jueza paralice la implantación del PAD, programada para el 15 de marzo, hasta que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston resuelva las impugnaciones.

“La decisión de apelar la sentencia recae sobre la matrícula nuestra. En asamblea analizamos la sentencia dictada por la Jueza Laura Taylor Swain, los aspectos procesales y la probabilidad de prevalecer en apelación, y decidimos desistir voluntariamente del trámite apelativo», indicó el presidente de la APJ, el juez de apelaciones Carlos Salgado Schwarz, a preguntas de NotiCel.

«Este proceso judicial fue llevado por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura sin el apoyo institucional ni financiero de nuestro patrono. Ha llegado el momento en que enfoquemos nuestros esfuerzos en gestionar con la Oficina de Administración de Tribunales y con el Sistema de Retiro para estar debidamente informados de los efectos de este plan de ajuste tanto en el sueldo actual de los magistrados, como en el futuro de nuestros asociados», añadió.

El PAD trae dos cambios principales al plan de retiro de los jueces, mantiene en vigor la suspensión de los aumentos automáticos por el costo de vida y lo cambio de uno con beneficios definidos a uno con contribuciones definidas, o lo mismo que convertirlo en un plan similar a los de la empresa privada. También dispone escenarios distintos dependiendo de los años de servicio y edad del juez.

Aunque los jueces han limitado su actividad sobre el PAD al tribunal de quiebras, esta semana el Poder Judicial también tuvo a sus empleados en protesta por los salarios bajos que tienen. El nuevo Plan Fiscal reservó una partida para que, a partir de julio, los empleados judiciales tengan un aumento de 7% que representa, en promedio, $200 mensuales.

El salario de los jueces, sin embargo, está fijado en ley, por lo que el Plan Fiscal no provee para aumentos. La jueza presidenta, Maite Oronoz, y un grupo de jueces fue al Senado el cuatrienio pasado a cabildear por un proyecto que otorgaba aumentos a todos los niveles de jueces, incluyendo el Tribunal Supremo, pero lo retiró después de que surgieran críticas públicas.

Vea:

Jueces piden paralización del Plan de Ajuste de la Deuda