Empleados, funcionarios y contratistas tendrán hasta el 17 de septiembre para presentar evidencia de inoculación

Todo empleado, funcionario o contratista que labore en el Capitolio deberá presentar desde hoy evidencia de vacunación, informó el Superintendente de la Casa de las Leyes, César Hernández Alfonzo,

La orden administrativa SDC-2021-09, que se emitió como medida de seguridad para prevenir el contagio entre los empleados y los visitantes que se reciben diariamente en las instalaciones, dictamina que todos los trabajadores tendrán hasta el 17 de septiembre de 2021, para ser debidamente inoculados contra el COVID-19, con una vacuna debidamente autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Estos, luego, deberán presentar evidencia física o digital de tarjeta de vacunación en la Oficina de Recursos Humanos, se indicó mediante comunicado de prensa.

Los funcionarios, contratistas o empleados que no estén debidamente vacunados deben presentar semanalmente prueba negativa de COVID-19, a su supervisor inmediato. La misma debe ser una prueba viral cualificada SARS-CoV2, realizada 72 horas antes de su entrega.

Esta nueva orden entrará en vigor a partir de hoy, 30 de agosto de 2021, en todos los puntos de cotejo del Distrito Capitolino.

“Se coordinó con a la directora de la Oficina de Recursos Humanos para que emita las normas correspondientes y así nuestros empleados estén debidamente informados y puedan hacer las gestiones necesarias ante los nuevos cambios en el periodo establecido”, indicó Hernández Alfonzo en declaraciones escritas.

Además de la política de inoculación, deberán seguir las siguientes medidas de prevención:

Asimismo, se tomará la temperatura y será obligatorio el uso de mascarillas adecuadas por todo visitante a las dependencias del Distrito Capitolino. El principal motivo para la aprobación de la orden por la Superintendencia fue precisamente el lograr una inmunidad de grupo mediante la vacunación, para proteger a aquellas personas que no son inmunes al COVID-19. Entiéndase, individuos que no se pueden vacunar por razones médicas o porque son menores de doce años, ya que las vacunas existentes aún no pueden ser utilizadas en ellos.

“Las entidades de salud han presentado evidencia de que la vasta mayoría de las personas que han muerto por razones de COVID-19, no estaban vacunadas. Es por eso que decidimos implementar esta orden administrativa para velar por la vida y la salud de todos y así seguir laborando para el pueblo puertorriqueño con el mínimo riesgo”, expresó Hernández Alfonzo.