Acudirán a los tribunales para revocar el permiso de construcción.

La Junta de Planificación ordenó hoy, miércoles, la paralización de la construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre del condominio Sol y Playa que ubica en Rincón, y agregó que acudirán a los tribunales para esos fines mediante una resolución que firmó el presidente designado de esa Junta, Manuel Hidalgo Rivera.

Esa determinación, comunicada tras un informe de la agencia, ocurre tras semanas de cuestionamientos y protestas a la estructura que abordan que la construcción de la piscina no solo viola la zona marítimo-terrestre, sino que también afectaría la vida marina del lugar.

La Junta de Planificación expone además en su informe que el proyecto presentado no cumple con las disposiciones del Reglamento de Planificación, y alerta que la obra estaría en zona inundable, por lo que acudirán a los tribunales para pedir la revocación del permiso.

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El informe señala también al ingeniero Enrique Santiago Arroyo, como quien certificó la obra, por lo que elevarán el expediente de lo sucedido a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores para «la acción correspondiente» sobre las posibles faltas de este.

Las manifestaciones en contra de la construcción continuaron esta semana pese a que hace cerca de 10 días la Junta de Titulares del condominio anunció la paralización «temporera» de las labores en la piscina, aunque expuso que buscarán que su representantes legales hagan valer «los derechos constitucionales a la propiedad privada».

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Esas declaraciones suponen que la problemática por la obra no ha acabado y que en contraste, los residentes se defenderán en los tribunales pese a las advertencia de daños a la vida marina y la zona.

Por su parte, el gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia, ha sido parco en sus declaraciones sobre este dilema. En primera instancia, tomó tiempo de sus vacaciones el pasado domingo para dirigirse -mediante tuits- a los manifestantes y advertirlos de que la Policía actuaría. En cambio, no ha sido igual de vocal para hablar al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientes (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, quien no ha respondido preguntas importantes sobre la construcción.

»Nuestro reclamo siempre fue justo»

Tras conocerse la noticia, el ambientalista y excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina Pérez, celebró la determinación de la Junta de Planificación por validar el reclamo que él mismo inició a mediados de junio, cuando denunció a través de las redes sociales la construcción del área recreativa en la Playa Los Almendros, a poca distancia del mar y en zona de anidaje de tortugas.

»La noticia se recibe con mucha alegría, porque nuestro reclamo siempre fue un reclamo justo», sostuvo Molina Pérez al conversar con NotiCel.

“Siempre dijimos la verdad y lo único que demostramos es que el estado no defiende la verdad. Mientras hubo personas defendiendo las playas ante el hurto, el estado le dio seguridad a quien estaba cometiendo el hurto y eso es muy lamentable», agregó, al referirse al enorme despliegue de policías que se destacó en la playa desde el 1 de junio, cuando comenzaron las protestas por la construcción.

Molina Pérez, contra quien se sometieron cargos por intentar paralizar la construcción, daños a la propiedad y escalamiento, entre otos por su participación en las protestas en el complejo de apartamentos, insistió en que el gobernador Pedro Puerluisi Urrutia es »el responsable de todo esto».

»El gobernador es el que ejerce el poder ejecutivo y este problema ocurrió en un andamiaje interno de las agencias públicas que otorgan los permisos», sostuvo Molina, quien a pesar de prevalecer en sus reclamos, aceptó que todavía es el principio, ya que no descansarán hasta que se derrumbe lo que ya fue construido y se devuelva a su estado natural.

Además, dijo ser consciente de que el proceso continuará en los tribunales.

»Hasta que yo no vea tras las rejas al cartel de los permisos, aquí no hay ninguna victoria», sentenció.