Los gimnasios han alegado que no hay evidencia de brotes ni contagios originados en los gimnasios.

Durante el fin de semana, el grupo “Gimnasios Unidos por Puerto Rico”, presentó una demanda solicitando se declare inconstitucional la sección 19na de la Orden Ejecutiva 2020-54.

Hoy, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al gobierno, en un plazo de 10 días, evidenciar por qué los gimnasios no deben abrir, según dispuesto en la más reciente Orden Ejecutiva.

«Examinada la Demanda y considerada la naturaleza extraordinaria de la solicitud de injunction preliminar presentada por los demandantes, colegimos que por el momento resulta innecesaria la celebración de una vista evidenciaria para disponer de las controversias ante la consideración de este Tribunal. 2 Las partes de epígrafe deben aunar esfuerzos con el objetivo de estipular los hechos pertinentes a las alegaciones del presente caso.3 La parte demandada deberá comparecer por escrito y mostrar causa por la cual no deban expedirse los remedios solicitados en la Demanda», reza la orden.

El grupo compuesto por dueños y usuarios de gimnasios a través de toda la Isla tomó la decisión después que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenara el cierre de sus establecimientos «sin mediar estudio científico o evidencia de contagios en los mismos», dijo Abdiel Lugo portavoz del grupo.

“Esta decisión (de cerrar unilateralmente los gimnasios), es totalmente incorrecta ya que no hay evidencia de brotes ni contagios originados en nuestros establecimientos, por otro lado el foco del repunte ha sido a través de actividades donde no se toman las precauciones recomendadas por los expertos” expresó Lugo.

«Esta determinación priva a los dueños de gimnasios de su sustento y del uso de su propiedad, esto solo a días de haber invertido grandes sumas de dinero en equipo protector», agregó.

Los demandantes le piden al Tribunal de Primera Instancia de San Juan revisar la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva 2020-54 ya que además, a su juicio la misma interviene y menoscaba obligaciones contractuales contraídas entre estos y sus clientes y violenta la libertad de reunión.

Además plantean que el gobierno no tiene la potestad para intervenir con estos derechos a través de una orden ejecutiva y que de proceder tendría que hacerse mediante ley.

El grupo estimó que la industria de gimnasios aporta anualmente $70 millones a la economía del país.

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