El presidente, Jorge Haddock, tachó de «irresponsable» la propuesta de la JCF, que propone la bancarrota como medida para reformar el plan de retiro de la institución.

La alternativa presentada por la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, de que la Universidad de Puerto Rico se acoja al Título III de la Ley PROMESA para reformar su plan de pensiones demuestra el desconocimiento de lo que es el primer centro docente de Puerto Rico.

En ello coincidieron la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino y el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, en declaraciones ofrecidas por separado.

Tras la publicación del Plan Fiscal de la UPR, Jaresko destacó que el sistema de pensiones enfrenta un gran riesgo de insolvencia en 10 años, a menos que se tomen medidas contundentes. Ante este escenario de precariedad económica, planteó la alternativa de la quiebra.

“Esta sugerencia de Jaresko, de mencionar que la UPR se tenga que acoger al título de quiebra es errónea. Solo muestra el desconocimiento de lo que es la UPR y sus procesos. Esto nos puede llevar a perder acreditaciones y muchas cosas más. La JCF está diciendo algo muy desacertado. Primero, quien le quita el presupuesto a la Universidad y provoca que no tenga dinero, es la Junta. De todas las agencias del gobierno, a la UPR es a la que más presupuesto le han cortado desde el día uno”, dijo a NotiCel Santana Andino.

La presidenta de Heend añadió que estas propuestas ejercen presión para que se liquide el sistema de retiro de la UPR, ya que también tiene una “Junta de Gobierno que está a favor de que se desmantele el plan de la UPR”.

“Con esto que están haciendo de decir que se puede vislumbrar una posible quiebra, creas una fuga de estudiantes, porque quién va a querer ir a estudiar en un centro que dicen que lo más seguro es que se va a ir a quiebra”, planteó.

El presidente de la UPR, Jorge Haddock, rechazó sin vacilaciones la propuesta para que el primer centro docente de la Isla se acoja a la quiebra como alternativa para reformar el plan de pensiones.

Haddock indicó que el primer centro docente del País ha pagado la deuda hasta el momento y que llevarla a la bancarrota podría provocar la pérdida definitiva de fondos federales para becas a estudiantes, investigación y mejoras permanentes, además de que representaría un costo adicional excesivo en asesoramiento legal y financiero.

“Afectaría la acreditación que tanto esfuerzo nos costó obtener y mantener, gracias a las medidas de control y rigor que hemos implementado en tan corto tiempo”, subrayó el líder universitario por escrito.

“Estamos dando grandes pasos en la dirección correcta. La transformación del primer centro docente avanza sin pausa. Hemos creado una cultura de responsabilidad y cumplimiento, mantenido el presupuesto balanceado y creado un modelo presupuestario nuevo… Sin embargo, la JSF no lo reconoce porque ya tiene una agenda para la universidad. Han querido forzar el despido de empleados y el cierre de recintos desde el inicio. Esto es contrario a nuestra política pública, y hemos demostrado que podemos alcanzar los resultados sin tener que implementar medidas tan drásticas. Esta estrategia es muy común en universidades en los estados, pero es contraria a la humanidad que caracteriza a nuestra isla y cultura institucional”, agregó.

Haddock añadió que el Plan Fiscal elaborado y certificado por la JCF no refleja la realidad de la institución, ni el trabajo que han realizado en los pasados dos años. Por el contrario, aseguró que delata su desconocimiento de los procesos y la gobernanza universitaria.

“Las transformaciones, para crear un cambio sostenible a largo plazo, requieren tiempo y un cambio cultural”, puntualizó.

El líder universitario señaló que la propuesta para eliminar 10,300 puestos afectaría la calidad académica, ya que “el personal administrativo de la UPR cumple con una función valiosa en el apoyo de la docencia y la academia”.

El presidente detalló que la Junta de Gobierno de la UPR, fiduciaria del Plan de Retiro, ha presentado distintas propuestas para modificar el plan sin cambiar el beneficio de pensión de los jubilados.

Haddock catalogó como irresponsables las expresiones de Jaresko porque crean un clima de inestabilidad en la institución.

«En este momento que vivimos en Puerto Rico, por la pandemia y la crisis fiscal, la JSF debería evitar añadir incertidumbre  que pueda generar desasosiego en nuestra población. Sabemos que están llamados, por la Ley Promesa, a crear responsabilidad fiscal en la Isla, pero hay una responsabilidad social y humana que debe primar en nuestras consideraciones», apuntaló.

Desmintió también que la institución solo haya desembolsado $4 millones de los fondos Cares. Aseguró que la UPR ha distribuido los fondos en cumplimiento con las instrucciones del Departamento de Educación federal. De los fondos recibidos en la primera fase, ya se han entregado casi $30M a casi 35,000 estudiantes, según Haddock.