Senadora Rossana López León aseguró que la agencia se rindió y delegó su responsabilidad ante el COVID-19 a los municipios.

Más de 80 días después de haberse impuesto el toque de queda y la cuarentena en Puerto Rico para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19, el Departamento de Salud solicitó a los municipios que notificaran, de manera voluntaria, si asumirían la responsabilidad del rastreo de contactos de personas con esta enfermedad.

Salud instó a los municipios a someter el 5 de junio una carta de intención de participación en un programa de este tipo y que hoy, 11 de junio, entreguen su propuesta para llevarlo a cabo y solicitud de fondos, basado en los criterios impuestos por la agencia. O sea, en un periodo menor de una semana en que mediaron dos días no laborables, para un programa que sería subvencionado por cinco meses, hasta noviembre.

Según el documento, cada ayuntamiento tiene un tope de fondos para solicitar, dinero que proviene de un pote de $150 millones de la ley de estímulo económico federal, conocida como Ley CARES.

En conferencia de prensa en mayo, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, anunció que el Gobierno de Puerto Rico planificaba destinar $150 millones para el programa de rastreo de contactos de los $2,200 millones asignados por el gobierno federal para propósitos de la emergencia del COVID-19.

En el documento que explica el proceso de solicitud de propuestas, Salud afirmó que los municipios “conocen más a fondo sus comunidades y pueden proveerles recursos a las familias afectadas a través de sus distintos programas de alcance comunitario”, antes de delinear la infraestructura que debe regir el programa, el tipo de personal y los recursos a ser utilizados.

Los municipios que participen deben integrar sus datos con las oficinas regionales de Salud.

El corto plazo fue denunciado por la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León, quien además aseguró que la petición comprueba que la agencia se rindió en su deber de realizar el rastreo de contactos, iniciativa que pretende comenzar a la prisa y sin consideración a los municipios que no tuvieron tiempo para someter los documentos.

“No me queda la menor duda de que ellos tiraron los guantes y dijeron ‘no podemos llevar a cabo esto’. Fracasaron con respecto al COVID-19. ¿Qué va a pasar con los municipios que no sometan propuesta, ante la rapidez de esto? Hay un dinero que se puede estar perdiendo”, denunció López León, en conferencia de prensa en las inmediaciones del jardín interior del Anexo del Senado, en El Capitolio.

El documento no habla cómo sería el procedimiento para los municipios que no sometan una propuesta.

El pedido de Salud se basa en el rastreo de contactos implementado en el Municipio de Villalba junto a la epidemióloga Fabiola Cruz, que resultó ser tan seguro y exitoso que el secretario Lorenzo González Feliciano acogió la asesoría de la experta en la agencia y ahora busca replicar su modelo.

En entrevista radial durante esta semana, Cruz indicó que hasta ese momento unos 45 de 78 municipios habían enviado su carta de intención para participar del programa de rastreo, que se esperaba tener en marcha el 1 de julio.

La senadora, por su parte, argumentó que Salud condicionó la entrega de los fondos a que se deben investigar al menos el 80 por ciento de los casos en un periodo de 24 horas, tarea que la propia agencia no pudo ejecutar.

El documento publicado por Salud especifica que cada pueblo deberá tener un equipo de investigación de al menos cinco personas y contar con un epidemiólogo, certificado académicamente por un MPH, DrPH o PhD, con salario sugerido de entre $25 y $40 por hora, hasta un máximo de 130 horas mensuales.

“Por parte del Departamento de Salud, ellos fiscalizarán el uso de fondos por los municipios, identificarán personal, limitaciones de los sistemas y desarrollo de estrategias de comunicación y educación pública. De igual forma, deben proveer asistencia técnica y asesoramiento en el manejo de datos y plataforma”, citó la senadora y exprofesora de Gerontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Salud fijó una cantidad mínima base de $186,560 que los municipios pueden solicitar, basado en la necesidad de equipos de trabajo según su población. Sin embargo, los topes de fondos varían por el tamaño del ayuntamiento.

San Juan, Bayamón, Caguas y Carolina, por ejemplo, son los únicos municipios cuyo máximo sobrepasa el millón de dólares. En el caso de la ciudad capital, se trata de $2,440,625.

López León especificó que la asignación a San Juan, como municipio con la mayor cantidad de casos reportados de COVID-19, respalda el llamado de los alcaldes ante el gobierno central y la Junta de Control Fiscal (JCF) a respetar la importancia y autonomía de los municipios.

“Esta determinación del Departamento de Salud de asignarle la responsabilidad y los fondos a los municipios para hacer la labor de identificación de casos de COVID-19 y seguimiento, evidencia una vez más la importancia que tiene para el país entero el contar con municipios eficientes y que ejecuten su labor de una manera costo efectiva. Tanto el gobierno central, como la Junta de Control Fiscal deben tener claro que la estructura de gobierno que mejor y más rápido sirve a la ciudadanía, son los municipios y si queremos que el país progrese, hay que atender las necesidades de los 78 municipios. Lo que hoy estamos viendo, en el caso del manejo de la pandemia, es el ejemplo más reciente”, declaró López León.

Desde su instauración, la JCF ha insistido en achicar el gobierno, lo que también afecta a los municipios. En la discrepancia más reciente, la directora ejecutiva del ente financiero, Natalie Jaresko, advirtió al gobierno que no apruebe una resolución que asignaría $185 millones del Fondo de Emergencia al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que serían distribuidos entre los 78 municipios como alivio ante la situación económica actual.