El amor de hermanos no justifica la mala práctica. En un hospital las decisiones no pueden tomarse desde la emoción.

Como administrador de hospitales en Puerto Rico con más de 15 años de experiencia en el campo, puedo afirmar que es la primera vez que conozco una denuncia pública como la que actualmente investiga el Hospital San Carlos Borromeo de Moca, luego de la difusión de un video viral.

El pueblo quedó boquiabierto, al ver las imágenes en donde se observa a un hombre siendo atendido dentro de un área clínica por una mujer que no aparenta estar en funciones oficiales, mientras la denuncia publicada en redes sociales alega de que se trataba de una enfermera de la institución que habría ingresado fuera de su turno para atender a un familiar y que, presuntamente, firmó documentación correspondiente a otros profesionales.

Todas estas alegaciones deberán ser esclarecidas mediante la investigación interna y cualquier proceso administrativo o legal que corresponda.

El hospital actuó correctamente al activar de inmediato sus protocolos de investigación y reiterar que ningún empleado está autorizado a brindar atención clínica fuera de las funciones que le han sido asignadas.

Entiendo perfectamente que el amor entre hermanos puede llevar a una persona a querer ayudar en un momento de angustia. Ese impulso es profundamente humano y forma parte de nuestra cultura. Sin embargo, en un hospital las decisiones no pueden tomarse desde la emoción, sino desde los protocolos que existen precisamente para proteger la vida de ese familiar y la de todos los demás pacientes.

Un hospital no es una extensión del hogar. Es una institución altamente regulada por el Departamento de Salud de Puerto Rico, los estándares federales aplicables, las condiciones de participación de CMS y los organismos acreditadores. Si una persona, aun siendo enfermera licenciada de la institución, ingresa fuera de su turno, sin estar asignada al área, sin cumplir los procesos institucionales de validación, identificación, control de acceso y documentación clínica, y ofrece atención fuera del flujo establecido por el sistema de triage y de asignación de personal, se comprometen principios esenciales de seguridad del paciente, control de infecciones, continuidad del cuidado, confidencialidad y manejo adecuado del expediente clínico.

Desde la perspectiva profesional y regulatoria, de comprobarse las alegaciones, las consecuencias podrían ser muy serias. La alegación de que se firmó documentación correspondiente a otros profesionales, asunto que también ha sido discutido públicamente por la reconocida y respetada administradora del hospital, Lcda. Sarah Villanueva, quien ordenó una investigación rigurosa.

El expediente clínico constituye un documento legal y cualquier alteración, falsedad o certificación impropia puede dar lugar a investigaciones administrativas, disciplinarias y éticas por parte de la Junta Examinadora de Enfermería y del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, conforme a la legislación y reglamentación vigente. Las sanciones podrían incluir desde amonestaciones y multas hasta la suspensión o revocación de la licencia profesional, dependiendo de los hechos que finalmente se establezcan.

Asimismo, si durante la investigación surgiera evidencia de falsificación de documentos, uso indebido de recursos institucionales, acceso no autorizado a áreas restringidas, o cualquier otra conducta tipificada por ley, correspondería a las autoridades competentes evaluar si existen fundamentos para referidos al Departamento de Justicia o para la radicación de cargos bajo las disposiciones aplicables del Código Penal de Puerto Rico. Esa determinación, sin embargo, corresponde exclusivamente a los organismos investigativos y judiciales.

Este caso debe convertirse en una oportunidad de aprendizaje para todo el sistema de salud y aprender de esta mala experiencia y educar. A todos los compañeros de enfermería y demás profesionales que diariamente laboran bajo condiciones de gran presión, les recuerdo que cuando un familiar recibe atención en la institución donde trabajamos, la actuación correcta es informar la situación al supervisor, declarar cualquier posible conflicto de interés y permitir que otro profesional debidamente asignado asuma el cuidado del paciente. Ese procedimiento protege al paciente, protege la institución y, sobre todo, protege la licencia profesional que tanto esfuerzo ha costado obtener.

Si las alegaciones finalmente son corroboradas, este caso debe servir como un recordatorio de que ninguna buena intención puede justificar apartarse de los protocolos que garantizan la seguridad del paciente y la integridad del sistema de salud. La confianza que la ciudadanía deposita en los profesionales de la salud se construye precisamente sobre el cumplimiento estricto de esos principios éticos, legales y clínicos. En fin, el amor de hermana no justifica mala práctica que fue captada en video.