A través de sus abogados, los empresarios de APEX y 313, LLC solicitaron que sus testimonios fueran atendidos en privado porque han colaborado con autoridades federales y estatales. No obstante, solo el de APEX fue aprobado.

El presidente de la empresa Apex General Contractors (APEX), Roberto Rodríguez López, así como el presidente de 313, LLC., Ricardo Vázquez, solicitaron prestar su testimonio ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a puerta cerrada, al alegar que están en proceso de colaborar con autoridades estatales y federales.

Tras haber decretado un receso para evaluar si otorgaba la petición a Rodríguez López, la Comisión de Salud determinó que, en su caso particular, se llevaría a cabo una vista ejecutiva, o privada.

También citado, y presente en el Capitolio, estaba el presidente de Castro Business, Ricardo “Ricky” Castro Ortiz, quien compareció sin abogado y cuya vista pública precedió la de Rodríguez López.

“El señor Robert Rodríguez López ha estado cooperando con autoridades federales y estatales desde el 14 de abril de 2020 en el asunto que investiga la Comisión. En vista de esto y para proteger vida y la seguridad del señor Rodríguez López y su familia, solicitamos que dicha audiencia sea una ejecutiva, en privado”, declaró el abogado Juan R. Acevedo Cruz, representación legal presidente de APEX.

Ante la Comisión de Salud, el licenciado subrayó que el derecho de su representado consistía en que “sea una vista privada y no pública en televisión”.

El cuerpo legislativo investiga el proceso fallido de compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus COVID-19 a APEX, empresa de construcción sin experiencia en productos de salud, a un costo de $38 millones.

Durante la última vista, celebrada el pasado 11 de mayo, el licenciado Juan Maldonado de Jesús testificó bajo juramento que fue la persona que sirvió de enlace entre APEX y el Gobierno de Puerto Rico durante la malograda transacción.

En sus declaraciones, Maldonado de Jesús se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, subrayó que como abogado de la empresa recibiría una tajada de la esperada ganancia de $10 millones, y reveló vínculos con un exsecretario del Departamento de Justicia de Alabama, Troy King, vinculado a compras fallidas en California durante esta emergencia.

Al momento, la única vista ejecutiva que ha celebrado la Comisión de Salud ha sido la de la exsecretaria del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, que comenzó todo el proceso investigativo.

Luego de su intervención, el resto de las vistas han sido públicas.

313, LLC con la misma petición

Vázquez, quien preside 313, LLC, se ausentó de la vista para la cual fue citado y envió una comunicación a través de su abogado, Miguel Negrón Matta, para solicitar una vista ejecutiva porque también ha colaborado con investigaciones en otros foros.

“Alegan que ellos han estado cooperando con diferentes entidades con relación a diferentes investigaciones que se han estado llevando a cabo en otros foros y nuestra posición sigue siendo que ellos debieron estar presentes para hacer esa petición ante el pleno”, expresó Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud.

La corporación 313, LLC, específicamente, fue contratada por el Departamento de Salud para la entrega de 101,500 pruebas serológicas, las cuales no cumplieron con la fecha de llegada, de acuerdo a la agencia. No obstante, la empresa demandó a Salud para que acepte 51,000 de esas pruebas que ya pagó.

De acuerdo a Morales Rodríguez, Vázquez debe presentarse ante la Comisión para hacer su petición, pero hasta la fecha de comienzo de la vista no habían recibido comunicación de su parte fuera de la carta.